La discusión sobre la encuesta que presentó el presidente Felipe Calderón ante consejeros de Banamex dividió al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), que por una mayoría de cinco a cuatro aprobó exculpar al mandatario.

Durante tres horas, por un lado se acusó al Ejecutivo de ser poco prudente y pretender incidir en el proceso electoral al mencionar a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, mientras que la mayoría argumentó que no había suficientes pruebas para imputarle responsabilidad y, de acuerdo con el sentido original del proyecto, por el carácter privado del acto donde lo hizo.

Paradójicamente, en la votación particular Lorenzo Córdova y María Marván, quienes habían votado en favor de que no se le imputara ninguna responsabilidad al Presidente, avalaron el cambio en el carácter del evento, que finalmente fue considerado, por seis a tres, como público.

El sentido de esta votación generó la ironía del consejero Marco Antonio Baños –uno de los más críticos de Calderón–, quien consideró incongruente que justamente la esencia del dictamen para exculpar al Presidente –el carácter privado– se haya modificado, pues deja sin sustancia muchos argumentos en su defensa.

Aunque avaló el dictamen presentado por la secretaría ejecutiva, por carecer de elementos probatorios, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo: Me parece importante hacer un llamado al Presidente, a los gobernadores, a los alcaldes y a todos los servidores a que respeten el marco legal y eviten que sus actuaciones incidan en la contienda electoral. Reitero mi llamado respetuoso pero enérgico para que prevalezca la equidad de la contienda.

Su postura contrastó con las descalificaciones de los consejeros que se opusieron, quienes compararon la conducta de Calderón con la que en su momento tuvo el ex presidente Vicente Fox, que puso en riesgo la elección en 2006. El mandatario federal ha violado una vez más la Constitución y el proyecto de la secretaría ejecutiva lo libera generando otro precedente inquietante e injusto, acusó el consejero Francisco Guerrero.

Condena de PRI y PRD

A su vez, tanto el PRI como el PRD condenaron la injerencia presidencial sistemática que, según dijeron, que atenta contra la equidad. El priísta Sebastián Lerdo de Tejada señaló: La actitud de Fox (en 2006) palidece frente al activismo y la intromisión de Calderón, quien ha sido el primer presidente declarado violador de la Constitución.

El perredista Camerino Márquez cuestionó que la encuesta presentada por el titular del Ejecutivo no estuviera registrada ante el IFE, independientemente de que la pretensión presidencial fue evidentemente para incidir en la elección y generar una tendencia favorable, desde el gobierno federal, en favor de su candidata, Josefina Vázquez Mota, del PAN.

Los panistas Rogelio Carvajal y Agustín Castilla defendieron la exculpación, pues no se podía acreditar una responsabilidad a partir del dicho de un tercero, durante un acto que fue privado. Carvajal dijo que pudo tratarse de una mera interpretación personal, por lo que consideró que su participación ante el consejo de Banamex no favoreció a ningún partido ni candidata.

Al argumentar en favor de sancionar al Presidente, el consejero Alfredo Figueroa consideró que Calderón violó las restricciones que tienen los funcionarios en el artículo 134 constitucional, donde se habla de la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Esa encuesta se hizo con recursos públicos y posteriormente fue utilizada en otro sentido para difundir tendencias electorales, dijo.

Entre los defensores de la actitud presidencial destacaron los consejeros Lorenzo Córdova y Benito Nacif, quienes opinaron que de la queja presentada no podía desprenderse una responsabilidad de Calderón. En primera instancia, Córdova habló de la necesaria responsabilidad que debe asumir el Presidente y evocó 2006. Sin embargo, concluyó: No estoy cierto de que la intencionalidad del mandatario haya sido influir en la equidad de la contienda.

Nacif consideró que vivimos síntomas de una democracia inmadura, de una actitud negativa hacia el discurso político, donde prevalece cierto paternalismo hacia los ciudadanos. La pregunta es: ¿la intervención del Presidente implicó la utilización de recursos públicos para beneficiar o perjudicar a un candidato? Necesitamos pruebas contundentes de eso.

Por lo pronto, ayer la mayoría de los consejeros determinaron que no las había.