La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dejar en suspenso la resolución del amparo solicitado por Florence Cassez generó reacciones encontradas en el Congreso.

En San Lázaro, diputados de diversos partidos consideraron que si bien se reconoció que no hubo un debido proceso en el caso, falta castigar a los funcionarios que montaron un espectáculo mediático.

En el Senado, el perredista Pablo Gómez y el petista Ricardo Monreal denunciaron que el fallo de los ministros estuvo viciado por las presiones de la Presidencia, pues su intervención, coincidieron, fue reprobable.

Se violó la ley, se violaron derechos de Cassez, lo están reconociendo, y de manera absurda dicen que no es suficiente para concederle un amparo, apuntó Monreal.

El priísta Carlos Jiménez Macías destacó: “lo que no puede quedar impune es el pésimo manejo. No podemos permitir que se haya puesto en riesgo una sentencia por una imprudencia y por el ánimo triunfalista de un funcionario, por querer hacer de este asunto un show para televisión con la intención de aparecer ante la sociedad como muy eficiente”.

Respaldo panista

Sólo el PAN salió en defensa de la resolución, pues expresaron su satisfacción, dado que no se puede pretender la liberación de Cassez por omisiones o responsabilidades en que hayan incurrido servidores públicos durante el proceso, lo que implicaría dejar en la indefensión a las víctimas.

Ruben Jaramillo, del Comité Ejecutivo Nacional panista, aseguró que liberar a Cassez hubiera significado tener que soltar a un narcotraficante si éste prueba errores en el procedimiento.

En San Lázaro, Sofía Castro, Fernando Morales, Mauricio Toledo y Alejandro Encinas coincidieron en que la decisión de los ministros es de gran valía para la aplicación de la ley, pero permanece en la sociedad una actitud de indefensión porque las autoridades demostraron que pueden manipular para afectar a cualquier ciudadano.

Sofía Castro (PRI) consideró que a pesar de que las víctimas deben tener garantía de que sus derechos serán preservados y protegidos, subyace la necesidad de garantizar a la ciudadanía que la ley se aplicará sin manipulación y ni ventaja.

Es de gran relevancia que la Corte reconozca que Cassez y sus cómplices no tuvieron un debido proceso judicial. Sin duda sí afectaron a sus víctimas, a sus familias y sus propiedades, que resulta lo más lamentable de este caso, pero se evidenció que las autoridades federales manipulan, sin consideración alguna, la ley.

Para el perredista Mauricio Toledo, a la determinación de la SCJN debe seguir la sanción de responsabilidad a los funcionarios que montaron la operación para Televisa.

Se ha insistido en que Cassez es responsable de secuestro, se han presentado pruebas que lo comprueban, pero el problema es que las víctimas no han recibido respuesta del Estado castigando a otros responsables, como son Genaro García Luna y sus subalternos.

Alejandro Encinas (PRD) consideró que la decisión reviste suma importancia, porque señala que no se siguió el debido proceso. Sin duda debe preservarse el derecho de las víctimas, y no se puede solapar una acción indebida de la autoridad. Queda pendiente la sanción de los funcionarios que montaron un espectáculo mediático, y eso sienta un precedente negativo para aquellos que inventan delitos, apuntó.