La Procuraduría General de la República (PGR) integró, en diciembre de 2005, la averiguación previa contra Florence Cassez e Israel Vallarta sin considerar que existieron violaciones a los derechos de los inculpados. Además, los únicos que comparecieron a declarar sobre la captura y lo sucedido en el rancho Las Chinitas fueron elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), nunca el titular de la corporación, Genaro García Luna, revelaron mandos del Ministerio Público Federal (MPF).

En esa indagatoria no se investigó a Lizeth Parra como directora de planeación de la AFI; tampoco a Francisco Garza Palacios, director de operaciones especiales; a Luis Cárdenas Palomino, director general de investigación policial, ni a Facundo Rosas Rosas, director general de análisis táctico.

Los funcionarios entrevistados resaltaron que ellos fueron los encargados de realizar la operación, y Lizeth Parra de convocar a las televisoras a transmitir en vivo.

Las fuentes consultadas refirieron que el 8 de diciembre –día en que fueron detenidos Cassez y Vallarta– el diseño y la ejecución del operativo estuvo a cargo de Cárdenas Palomino, Rosas Rosas y Garza Palacios, con autorización y conocimiento de García Luna, como titular de la AFI.

De acuerdo con la información recabada, con el caso Florence Cassez fue la segunda ocasión en que el reportero Pablo Reynah obedeció la orden de su empresa (Televisa), a petición de los mandos de la AFI, de acudir con una unidad móvil para transmitir un operativo en vivo; esta vez desde el rancho Las Chinitas, para el rescate de varios secuestrados.

No importó que el inmueble debía ser protegido por las pruebas que se obtuvieran e involucraran a los detenidos.

El otro caso fue el del entrenador del equipo de futbol Cruz Azul, Rubén Omar Romano –secuestrado en julio de 2005 y liberado el 21 de septiembre de ese año–.

Un día después de la liberación, los mandos de la AFI permitieron a Reynah hacer una reconstrucción de lo ocurrido y transmitir un enlace en vivo desde el interior de la vivienda en que habían tenido privado de su libertad al ex futbolista.

En cuanto a Florence Cassez e Israel Vallarta, la puesta a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) la realizaron un comandante y otros tres agentes.

La PGR solicitó el arraigo de Cassez y Vallarta. Y en ningún momento el juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en la ciudad de México, cuestionó el montaje ni solicitó alguna investigación sobre quienes lo llevaron a cabo y lo autorizaron. El órgano del Poder Judicial de la Federación concedió la medida cautelar y un juez libró la orden de captura sin considerar las violaciones legales cometidas.

Sobre lo ocurrido en la Suprema Corte acerca del caso Cassez, funcionarios de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que encabeza Genaro García Luna, señalaron: no habrá información. No hay nada que nos competa.