El Colegio Nacional de Abogados Penalistas, que agrupa a unos 3 mil especialistas en el país, sostuvo este miércoles que el pronunciamiento de cuatro de cinco ministros acerca de que hubo violaciones a los derechos de Florence Cassez durante su captura y la fase inicial de la averiguación previa, obligan al Presidente de la República a remover del cargo, de inmediato, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, y ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se inicie una averiguación previa por los delitos en que pudo incurrir al alterar evidencias, inducir testimonios y violentar las garantías constitucionales de Cassez.

En entrevista con La Jornada, Jorge Reyes Peralta, presidente del colegio, refirió que, independientemente de que fuera desechado el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, el presidente Felipe Calderón está obligado a deponer a García Luna, porque además del agravio a las garantías de Cassez se afectó el prestigio de las instituciones; fue un agravio a escala internacional.

Elogió el proyecto elaborado por el ministro Zaldívar, en el que proponía la absoluta libertad de la ciudadana francesa, por haberse envenenado el proceso con el montaje televisivo orquestado por García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pues ponía en evidencia los problemas del sistema de procuración de justicia que afectan a México.

Explicó que el proyecto de Zaldívar fue desechado porque no alcanzó mayoría y, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presidente de la primera sala debe turnar (el caso) a otro ministro para que formule un nuevo proyecto de resolución que tome en consideración las exposiciones hechas durante las discusiones de ayer, y someterlo a votación.

Destacó que “ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y fundamentales de Cassez, la primera sala de la Corte ha dejado en claro que sí se violentó la ley, lo que vició las actuaciones de averiguación previa y pone en evidencia la ineficacia del Ministerio Público de la Federación.

Con la apreciación del más alto tribunal del país es incuestionable que, lejos de prestar ayuda a las víctimas, la PGR prefirió engañarnos como sociedad creando la percepción de que en México se combaten los delitos con eficacia y respeto a los derechos fundamentales, siendo todo lo contrario.