o fueron pocas las críticas a las declaraciones del presidente Calderón sobre la interpretación de la ley, vistas como una indebida intervención del Poder Ejecutivo para influir en la decisión que hoy, a la hora que escribo este artículo, habrá de tomar la Suprema Corte en torno al caso Cassez. Calderón exigió que no se aprovechen las rendijas de la ley para dejar escapar a los delincuentes, lo cual no es más que una sibilina referencia al proyecto de resolución del ministro Zaldívar. Ante ello, sin aludir al asunto particular, al día siguiente Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte, respondió en el acto en memoria de Benito Juárez que los jueces están dispuestos a poner por delante el bienestar de todos, a corregir, a costo presente, las desviaciones y los abusos del poder que desborden los marcos constitucionales. Dejo la mejor explicación de los detalles a los especialistas que en estos días nos han ilustrado sobre los caminos ignotos del derecho acerca del significado de la presunción de inocencia y el debido proceso, pero una cosa está clara: la Corte no discute la culpabilidad o inocencia de Cassez, sentenciada a 60 años de prisión, sino las desviaciones y abusos de poder de las autoridades que intervinieron en su detención y posterior procedimiento. De ahí la trascendencia de la sesión que está en curso.

La necesidad de ganar la batalla de la percepción en la guerra contra el crimen organizado en más de una ocasión ha llevado a las autoridades a saltarse la ley para mostrarse como eficaces servidores públicos. No son infrecuentes las presentaciones públicas y las declaraciones a los medios de criminales confesos cuya exhibición altera, por decir lo menos, el debido proceso o la presunción de inocencia. La acción de las fuerzas de seguridad no se traduce, por tanto, en una explícita revaloración de la ley y en cambio fortalece la noción de que en la guerra todo se vale, aunque los resultados contradigan los derechos humanos o el apego a las normas, y en ese sentido contaminen toda la vida nacional. Investigadores como Ana Laura Magaloni han documentado que sólo una mínima parte de los detenidos son consignados, sujetos a proceso y encarcelados, por lo cual se pregunta, con razón, “si los operativos y detenciones que llevan a cabo todos los días el Ejército y la Policía Federal en distintas entidades del país no están traduciéndose en procesos judiciales a través de los cuales sea posible encarcelar a los responsables de la violencia que se vive en muchas partes del país. Si a estas personas no se les está procesando y encarcelando, ¿dónde están? ¿En qué consiste la ‘guerra’ contra el crimen? ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el Estado mexicano en esta materia?” (Reforma, 2010).

Al Presidente de la República le preocupa la impunidad, es decir, la posibilidad de que Cassez quede libre en virtud de un formalismo jurídico, de una rendija, como la definió. Al respecto, aun aceptando, como hace el editorial de La Jornada del martes, que “la anulación de la pena impuesta a Cassez, de concretarse, abonaría a la impunidad y lesionaría el derecho de las víctimas a la justicia… la responsabilidad de ello habría que ubicarla en los mandos de la corporación policial que convirtieron a víctimas y victimarios en forzados actores de la televisión privada, la cual, en connivencia con las autoridades, presentó un montaje como si se tratara de una captura en tiempo real”.

Es la violación de ese formalismo legal lo que enrareció todo el proceso, agravada por un elemento malsano bajo cualquier circunstancia: el recurso al chovinismo como fuente de certeza. El affaire Cassez devino un símbolo muy poco subliminal para intentar recrear los sentimientos bicentenarios del pueblo mexicano en la defensa contra los enemigos externos. Pero la unidad nacional así concebida es una quimera, aunque algo queda. A echarle leña al fuego acudió otro ilustre derechista en defensa de su ciudadana, invocando sin respeto alguno hacia las formalidades republicanas su propio nacionalismo atado a la causa de Cassez. Y lo que vimos en adelante no fue sino la complicación política del primer acto de impunidad. Calderón rechazó las exigencias de Sarkozy sin buscar una salida legal al problema ni tampoco reconocer el daño que ya le había causado al país la exhibición casi universal de la triste situación en la que se halla el estado de derecho en México. La necesidad de autoafirmación presidencial pudo más que las razones de Estado y la francesa (de cuya culpabilidad hay pocas dudas) se quedó a cumplir los 60 años de cárcel que le echaron encima.

El Presidente adoptó para presionar a la Corte el lenguaje de las víctimas y su apasionada defensa. ¿Habrá que recordarle hasta qué punto fue la reacción de las familias de Ciudad Juárez, o la gran movilización encabezada por Javier Sicilia, lo que puso sobre la mesa, frente a la incriminación de los muertos o el silencio de la justicia, el tema de las víctimas, la denuncia de la impunidad que lanza al anonimato eterno a la mayoría de los 50 mil cadáveres regados por el país? La impunidad, señor Presidente, tiene muchos rostros, pero no está en el proyecto del ministro Zaldívar. Veremos.