Una de las causas profundas del clima de inseguridad en México no es tanto la existencia de grandes grupos criminales, sino el abandono al que sometió el gobierno a millones de personas, cuyas necesidades sociales básicas no fueron atendidas, lo cual ha generado un clima de enorme descomposición y descontento social.

Así lo afirmaron los participantes en la mesa sobre seguridad pública y violencia estatal del foro Los grandes problemas nacionales, diálogos por la regeneración de México, organizado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El analista político John Saxe-Fernández no asistió al encuentro por motivos de salud, pero envió su ponencia, en la que señala que los más graves problemas de seguridad son resultado de los efectos nocivos del sistema neoliberal vigente, puesto que ha generado el empobrecimiento de millones de personas, y la militarización de la vida pública.

Este modelo, dijo, debilitó el papel rector del Estado, dejó en el abandono al campo y a otros sectores productivos claves y mermó el poder adquisitivo de los trabajadores. Estos factores precipitantes de guerra exacerbaron la inestabilidad social y la posibilidad de conflictos, como ya habían calculado el gobierno de Estados Unidos y los organismos financieros internacionales.

Los estallidos ya estaban fríamente calculados, y por ello Washington se dedicó a reforzar desde la década de los 90 a las fuerzas de seguridad mexicanas, anticipándose a la necesidad de reprimir el descontento, lo que hoy continúa a través de la guerra contra el crimen organizado en la actual administración.

Una prueba de que el objetivo es acallar la disidencia y no atacar realmente a los delincuentes, recordó, son las recientes acusaciones de que el gobierno de Calderón utilizó recursos de la Iniciativa Mérida no para combatir al narcotráfico, sino para cercar e intimidar a grupos civiles contrarios a su gobierno.

El abogado Netzaí Sandoval, quien promovió una demanda contra el presidente Felipe Calderón, su gabinete y Joaquín El Chapo Guzmán ante la Corte Penal Internacional de La Haya, indicó que la actual crisis humanitaria que vive el país ha sido presentada por el gobierno de forma maniquea como una lucha entre buenos y malos, pero sin atacar las fuentes económicas del crimen organizado, que se encuentran en el lavado de dinero.

La realidad que vivimos es escalofriante, y muchos organismos internacionales ya hablan incluso de la existencia de un conflicto armado interno. No es una violencia cotidiana, sino una crisis de grandes dimensiones, en donde todos los días aumenta la cifra de desaparecidos, asesinados y desplazados internos.

José Luis Piñeyro, especialista en temas de seguridad y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó los millones de pesos que el gobierno de Calderón ha dedicado a combatir militarmente a los grupos de la delincuencia organizada, en vez de invertirlos en educación y salud, lo cual ha dado pie a un fenómeno invisibilizado de desintegración social, del que los jóvenes son las principales víctimas.

Para comenzar a revertir esta situación, aseveró, es fundamental hacer una reforma penal para dejar en libertad a quienes han cometido delitos menores por primera vez, lo cual permitiría desahogar el sistema carcelario del país.

Igualmente, es necesario golpear el nervio económico de los criminales que se encuentra en el lavado de dinero; instrumentar programas de rehabilitación para drogadictos y combatir la pobreza estructuralmente, mediante la creación de empleos y el otorgamiento de derechos sociales mínimos que le den condiciones de vida decorosas a la mayoría de la población.

El académico Carlos Flores Pérez, especialista de la UNAM en temas de narcotráfico, coincidió en que el origen del clima de inseguridad está en el uso del aparato de gobierno para favorecer intereses privados, y no públicos, por lo que propuso reconstruir el Estado de bienestar para dar empleos dignos y salarios decorosos, y diseñar una estrategia que proteja a los ciudadanos, más que a las instituciones.

De la misma forma, planteó desaparecer la Secretaría de la Función Pública, dada la incapacidad del Estado de vigilarse a sí mismo, y promover mecanismos de participación ciudadana en la toma de las decisiones más importantes sobre el futuro de la nación.

El foro Los grandes problemas nacionales, diálogos por la regeneración de México, se realizará todos los martes de 9 a 21 horas en el Club de Periodistas de México. En la sesión del 27 de marzo participarán 15 ponentes, entre ellos Alejandro Encinas, Alberto Arroyo y Jorge Eduardo Navarrete, y la conferencia magistral correrá a cargo del historiador Enrique Semo.