A pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenan al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, con el propósito de enviar a juzgados civiles todos los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas, las autoridades siguen siendo omisas, como demuestra el caso del indígena Bonfilio Rubio Villegas, denunciaron activistas de organizaciones civiles.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó en conferencia de prensa que en junio de 2009 el joven nahua fue víctima de una ejecución extrajudicial en un retén del Ejército mexicano, cuando los soldados dispararon contra el autobús donde viajaba, con el argumento que el conductor del vehículo había arrancado de forma brusca tratando de huir.

Aunque un agente del Ministerio Público comprobó que en el camión no había nada irregular, en una segunda revisión ordenada por los militares se encontraron cinco paquetes de mariguana, en un intento por criminalizar a Rubio y justificar la actuación de los uniformados, indicó.

Luego de que la justicia civil declinó su competencia ante la militar, que sólo procesó a un soldado por delito culposo, los familiares del indígena solicitaron el amparo contra esa decisión y en diciembre del año pasado se les concedió, en una decisión calificada de histórica.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó una apelación y ahora el caso será decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este caso, indicó Aguirre, demuestra las reticencias del gobierno a cumplir las sentencias de la CIDH, a pesar de que el propio presidente Felipe Calderón ha dicho que las acataría y que el fuero militar sería restringido.

José Rubio, hermano de la víctima, deploró que el trato de la justicia hacia ellos los hace sentir desprotegidos, como ciudadanos de segunda, porque los militares tienen el poder de hacer y deshacer. Por hablar náhuatl nos niegan el derecho a ser escuchados para explicar nuestro dolor. Advirtió que seguirán luchando para limitar los alcances de los tribunales castrenses.

Matilde Pérez Romero, coordinadora del Monitor Civil de la Policía y los cuerpos de seguridad pública de la Montaña de Guerrero, aseveró que lo ocurrido con Bonfilio Rubio es un claro ejemplo de la manera en que el Ejército se juzga a sí mismo en estos casos y relativiza las conclusiones de la CIDH, cuando éstas son de cumplimiento obligatorio.

Miguel Pulido, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lamentó que en vez de cumplir sus obligaciones internacionales, la Sedena criminalice a las víctimas por sus abusos y trate de obstaculizar las sentencias favorables que éstas obtienen.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, subrayó que en el Senado se discute una iniciativa para crear tribunales especiales donde se juzguen los delitos cometidos por militares, con base en las leyes de la justicia civil. No obstante, advirtió, ese proyecto no es suficiente para dar cumplimiento a los establecido por la justicia interamericana.