El penalista Agustín Acosta Azcón, uno de los abogados de Florence Cassez, sostuvo que el presidente Felipe Calderón rebasó la esfera de su competencia y se está afectando la división constitucional entre los Poderes de la Unión, al presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se ampare a la ciudadana francesa, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro.

Precisó que las declaraciones que hizo Calderón Hinojosa el pasado lunes, en las que pidió frenar la impunidad, atentan contra el espíritu de la división de poderes.

Dije que me preocupa la manifestación del señor Presidente de la República que, a mi juicio, y lo digo con mucho respeto, es contraria al espíritu de la división de poderes, porque que el titular del Ejecutivo salga a manifestarse, pues evidentemente se entiende como una presión, sostuvo el litigante.

En diversas entrevistas radiofónicas, el abogado de Florence Cassez insistió en que hay presiones sin argumentos jurídicos en torno al caso.

Lo que he visto es la exacerbación de las pasiones, de las emociones; entonces yo veo presiones desde el poder, del Presidente, de la candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal (Isabel Miranda) y de las voces de los activistas, expuso.

Añadió que son muchas presiones por parte del gobierno y de los activistas que soportan la acusación; lo que no he visto son argumentos jurídicos; no he escuchado ninguno, ninguna oposición racional y estudiada a lo que es el proyecto del ministro (Arturo) Zaldívar; sólo he escuchado cosas que son para consumo mediático.

El abogado de la ciudadana francesa sostuvo que la credibilidad de las víctimas sigue siendo cuestionable, después de haber participado en un montaje televisivo que ordenó Genaro García Luna cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El presidente Felipe Calderón demandó el pasado lunes al Poder Judicial frenar la impunidad y que, en su interpretación de la ley, no encuentre rendijas para dejar escapar a los delincuentes. ¿Justicia qué implica? La obligación elemental de que quien cometa un delito sea verdaderamente juzgado y castigado y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad.