Sólo 2 por ciento de los inmuebles públicos de la ciudad de México, como escuelas, hospitales y oficinas de dependencias gubernamentales, cuentan con alarma sísmica, dijo el presidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Guillermo Huerta Ling (PAN).

El legislador apremió a las autoridades locales y federales a instalar esos instrumentos en todas las sedes, pues alertar a la población segundos antes de cualquier movimiento telúrico puede evitar daños mayores.

Entrevistado luego del terremoto ocurrido ayer, el legislador detalló que si bien la Ley de Protección Civil del DF señala la obligación a todos los edificios públicos de tener su alarma sísmica, el principal factor que ha impedido completar esa tarea es el presupuestal, lo cual también ha frenado la entrada en operación del centro de capacitación en protección civil.

Durante los últimos 12 años, los gobiernos perredistas, y sobre todo la anterior administración, dejó de invertir en el rubro de protección civil, y mucho menos en obras de mitigación para reducir riesgos en edificios públicos , expresó.

Para Huerta Ling, en estos últimos años se tuvo el acierto de crear la Secretaría de Protección Civil, aunque se le ha destinado poco dinero; lo ideal es que año con año se pudieran invertir entre 3 mil y 4 mil millones de pesos en ese sector (que en 2012 alcanzó mil 200 millones), ya que sólo así se podría sustituir inmuebles en riesgo, atender la problemática de las grietas de Iztapalapa, reforzar o demoler las viviendas dañadas en el Centro Histórico y completar la instalación de alarmas sísmicas, entre otras tareas.

Puntualizó que de acuerdo con datos oficiales, en el Distrito Federal hay alrededor de 8 mil inmuebles en situación de alto riesgo, principalmente en puntos de la zona centro y el oriente, los cuales podrían, en algún momento, no resistir un sismo como el de ayer.

Guillermo Huerta fue entrevistado afuera de la sede de la ALDF, cuyo inmueble data de la primera década del siglo XX, donde luego de que se activó la alarma sísmica fue desalojado el personal que ahí laboraba, como asesores, diputados, personal administrativo y un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron invitados al recinto de Donceles y Allende. En cuestión de minutos todos salieron en orden y conforme a las indicaciones del personal de Resguardo.