La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) negó la entrega de información sobre la postura del gobierno mexicano en el caso de los trabajadores agrícolas mexicanos que temporalmente laboran en Canadá y que han sido despedidos o excluidos del programa respectivo por afiliarse a alguna organización sindical en aquel país en defensa de sus derechos laborales.

En respuesta a una solicitud de información realizada por La Jornada, la STPS, responsable junto con la cancillería mexicana del Programa de los Trabajadores Agrícolas Mexicanos Temporales (PTAT) México-Canadá, respondió ni la STPS, en lo general, ni la dirección general de asuntos jurídicos, en lo particular, tienen atribuciones para resolver consultas de particulares.

Aun cuando la Ley Federal de Transparencia y Acceso Público a la Información Gubernamental (Lftapig) obliga a las dependencias y entidades del gobierno federal a entregar información gubernamental, en cualquiera de sus modalidades (oficios, acuerdos, memorandos, cartas o cualquier tipo de documento, incluso registros electrónicos, digitales y otros), y el reglamento interno de la STPS, en su fracción IX, indica que debe realizar lo conducente para proporcionar la información a su cargo, la secretaría respondió que no está obligada a elaborar documentos “de manera ex profeso para responder a peticiones de particulares y mucho menos si la petición se formula pretendidamente como una solicitud de información”.

Los puntos que la STPS se negó a responder tienen que ver con la postura del gobierno mexicano respecto al derecho de asociación que ejercen los campesinos mexicanos en Canadá para proteger sus garantías laborales, así como la situación legal de los que se organizaron en la granja de Sidhu, en la provincia de la Colonia Británica de aquel país, en 2011.

También negó copia de los informes que los responsables del PTAT en Vancouver entregan a la STPS, respecto a los trabajadores que se han sindicalizado, sobre quienes llevan una bitácora especial.

Aun cuando la STPS se negó a entregar la información referida, testimonios de tres ex trabajadores del consulado mexicano en Vancouver, donde junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) administran el programa, revelan que el gobierno mexicano ha elaborado listas negras de los migrantes mexicanos que se afiliaron al Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (United Food and Commercial Workers, UFCW por sus siglas en inglés).

En las denuncias contra el gobierno mexicano, iniciadas por la UFCW, han sido señalados Ángel Villalobos, embajador en Canadá; la vicecónsul, Estela García León, y la representante de la STPS de Protección y Trabajadores Agrícolas, Guadalupe Palacios, además de Luis Muñoz, de la coordinación general de Empleo.

Juicios en Columbia Británica

En los juicios que se ventilan en Canadá, por la interferencia inapropiada en alianza con los empleadores de Sidhu & Sons Nursery para evitar la sindicalización de los trabajadores –lo cual va en contra del código laboral en aquél país–, el gobierno mexicano ha pedido a la Suprema Corte de la Columbia Británica que suspenda las audiencias referidas.