Las desapariciones forzadas cometidas por los cuerpos de seguridad del gobierno sólo podrán resolverse cuando el Estado reconozca la existencia del fenómeno, tenga voluntad política para castigar a los responsables, e instrumente políticas públicas para prevenirlas y erradicarlas, señalaron familiares de víctimas y especialistas en el tema.

A propósito del reciente informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, donde se señala que la policía y las fuerzas armadas del país también han participado en la comisión de este delito, María Guadalupe Fernández Martínez, del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), consideró que el problema no se resolverá mientras las autoridades sigan negándolo.

Tengo muchas esperanzas de que el gobierno acepte las recomendaciones del grupo de trabajo, entre las cuales está formar una base de datos de los desaparecidos, porque ahora no tenemos información confiable, y los estados no quieren darla para no aceptar la cantidad tan grande que hay. Para ellos, mientras menos números salgan, mejor, pero no son números, son nuestros hijos, subrayó.

En entrevista con La Jornada, Fernández narró que su hijo, José Antonio Robledo, ingeniero de profesión, fue secuestrado y desaparecido el 25 de enero de 2009, cuando trabajaba para la empresa Ica Fluor Daniel, en Monclova, Coahuila, sin que las autoridades judiciales de esa entidad avanzaran en la investigación, sobre todo porque después se comprobó que estaban a sueldo de quienes lo habían cometido.

Luego de esperar alguna llamada donde les solicitaran dinero para dejar libre a su hijo, Guadalupe Fernández y su esposo se trasladaron a Coahuila; ahí se reunieron con Jesús Torres Charles, entonces procurador de Justicia, pero sólo para descubrir semanas más tarde que éste y otros funcionarios proporcionaban información a Los Zetas, quienes serían los responsables del secuestro, aseguró.

Lo primero que pedimos es que el Estado tenga voluntad política para reconocer que esto está pasando, y que haga un plan para buscar a los desaparecidos, porque ahora nadie lo hace. Hay una cifra incalculable y espantosa; tan sólo de 2007 a la fecha en Fundec llevamos más de 250 casos documentados, lamentó.

Por su parte, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, consideró que el informe de Naciones Unidas podría servir como mensaje a los soldados y policías en el sentido de que no pueden actuar sin que quede registro de sus actos, pero la utilidad final de esta herramienta dependerá en gran medida de la voluntad política del gobierno para investigar los delitos y castigar a los culpables.