n lo que debe interpretarse como una muestra de voluntad política y actitud propositiva, los rectores de una veintena de universidades públicas del país anunciaron la realización de un encuentro para generar propuestas de solución a la crisis financiera que padecen muchas de las casas de estudios superiores, las cuales serán presentadas a los aspirantes a la Presidencia de la República.

El planteamiento es atendible, sobre todo porque se produce en un momento de dificultad para los centros de educación superior pública en el país, como consecuencia del incremento en la demanda de plazas estudiantiles en esas instituciones y de los recurrentes recortes presupuestales aplicados por la administración en turno. Ello ha derivado en que las universidades tengan que hacer frente a sus tareas docentes y de investigación con recursos públicos llanamente insuficientes: un ejemplo es el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que recibe aportaciones federales equivalentes a 35 mil pesos por alumno, cuando la media nacional es de 50 mil pesos.

El telón de fondo ineludible de lo anterior es un manifiesto desdén del gobierno federal hacia la educación pública en general, que se expresa claramente en el desmedido poder entregado en este sexenio a la dirigencia charra que controla el sindicato magisterial y que, en lo que concierne a la formación universitaria, cobra la forma de un abandono de las universidades públicas del país, y de un empeño por mercantilizar la enseñanza y ofrecer más oportunidades de negocio para las instituciones privadas. A principios del año el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, anunció la creación de un Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, mediante el cual se prevé otorgar créditos, pagaderos a 15 años, para la realización de estudios de licenciatura y posgrado, lo que implicaría hipotecar el futuro de miles de estudiantes; retroceder en una de las funciones elementales del Estado –garantizar la educación en todos los niveles– y sembrar un factor adicional de descontento y crispación social a futuro. Cabe recordar que la aplicación de un modelo semejante derivó en las multitudinarias protestas estudiantiles que se desarrollaron en meses anteriores en Chile, con el consecuente desgaste político para el régimen de Sebastián Piñera.

La solución real a la demanda de enseñanza superior en el país pasa necesariamente por el respeto al carácter universal de la educación en todos sus niveles, y ello no se logrará sin la ampliación de la oferta de plazas disponibles, sin el mejoramiento de las condiciones presupuestales de las casas de estudios y sin la correspondiente creación de nuevas instituciones de educación superior. De otra manera, difícilmente podrá evitarse que cada vez más muchachos y muchachas se vean obligados, ante la escasez de perspectivas de vida, a buscar un futuro en la economía informal, en el mejor de los casos, o en las filas de la delincuencia, en el peor, y se estará asegurando, a mediano y largo plazos, la derrota del país ante la descomposición social.

En suma, cabe esperar que las propuestas elaboradas por los rectores sean escuchadas y atendidas por los personajes y los partidos que aspiran a gobernar el país a partir de diciembre próximo. En materia educativa, como en muchos otros ámbitos, se requiere de políticas de Estado que estén por encima de ideologías partidistas y de arreglos políticos inconfesables, y que se sustenten, en cambio, en el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en la materia, en el respeto a los derechos de la población y en el interés nacional.