San Cristóbal de las Casas, Chis., 16 de marzo. Ahora que un juez con autoridad en la materia ha dictado un amparo en favor de Alberto Patishtán Gómez para que sea devuelto a una prisión en Chiapas, el gobierno del estado da largas al asunto.

La Secretaría de Gobierno explicó a la defensa del profesor tzotzil que la notificación del amparo se envió por correo, y quién sabe cuántos días iba a tardar. Para los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se trata de una práctica dilatoria, presumiblemente con la intención de presionar al Ministerio Público para que no admita el amparo.

El pasado 29 de febrero, en Tuxtla Gutiérrez, el juez federal quinto de distrito en Chiapas, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, concedió el amparo solicitado por la defensa, pero la nueva dilación se ajusta, como una pieza más, al mosaico de tortura y arrasamiento emocional a que las autoridades tienen sometido a Patishtán.

Se le considera preso político por ser actor opositor en el escenario del crimen, a pesar de saberse que él no tuvo nada que ver con la matanza, como afirmó públicamente en su momento el actual gobernador Juan Sabines Guerrero, expresa desde Madrid Luis Serrano Peregrina, secretario de relaciones internacionales de la CGT, organización ibérica que ha acompañado en los años recientes la lucha por la liberación de Patishtán. En el mismo sentido se ha expresado reiteradamente la Red por la Solidaridad de la otra campaña, de la cual el profesor detenido es adherente, además de miembro fundador de la organización de presos La Voz del Amate.

Cecilia Santiago y Javier Matas, del colectivo Ik’, dieron a conocer un reporte sobre las actuales condiciones de encierro del maestro tzotzil, las cuales confirman que la justicia en México resulta una tortura por otros medios. Concluyen que Patishtán pareciera encontrarse en un centro de experimentación sobre la conducta humana; es el terror sobre el cuerpo y la mente.

Y exponen: El impacto de todo sistema carcelario sobre las personas es la desestructuración de su identidad para convertirlo en un objeto sumiso fácilmente controlado. Las cárceles no son centros de rehabilitación o readaptación ni cumplen con el Pacto de San José, ya que no llevan a cabo un programa de trabajo y estudio, de atención sicoterapéutica ni médica. Son centros de castigo en los cuales se ejercen métodos de tortura física y sicológica. Los centros federales son las cárceles donde ejercen métodos de tortura más perversos; es un sistema deshumanizador. Decimos tortura porque bajo la custodia de funcionarios públicos, los guardias y el equipo técnico llevan a cabo sistemáticamente métodos dirigidos a humillar, castigar y anular la personalidad de los reos.

Refieren que el Cefereso número 8, en Guasave, Sinaloa, adonde fue enviado Patishtán en octubre pasado, a manera de castigo por defender los derechos humanos de los presos y demandar su liberación, es de reciente apertura; aunque estuvo en obra negra varios años, en 2011 comenzó su funcionamiento parcial. Así que cuando llegó allá, las instalaciones aún se encontraban en construcción. Los presos están restringidos aún más en sus mínimos derechos, por ejemplo el de contar con un área para recibir visitas o de permitir acceso a hijos menores de edad.

Durante seis meses –añaden–, Alberto ha estado en un complejo carcelario en el cual se construye una realidad aséptica para sustraer la cotidianidad. Es una cápsula donde predominan el gris y lo metálico, la ausencia de vida social, la irrealidad. Es lo opuesto de un centro de rehabilitación.

El aislamiento como método de tortura es un proceso de despersonalización. Los investigadores lo consideran orientado a que el ser humano desarrolle manías y sentimientos negativos, hasta quedar reducido a las funciones biológicas. Es –dicen– el condicionamiento progresivo para ser antisocial; el objetivo, al dejarlo sin ningún interlocutor, es que el preso deje de existir.

Santiago y Matas denuncian los intereses políticos que pusieron en prisión al docente indígena, quien lleva 12 años en cuatro cárceles distintas. Asimismo, la injusticia de su condena, que dio fin a toda investigación para descubrir a los autores reales (del crimen que purga), su permanencia en prisión y su traslado a Sinaloa.