Por vez primera, el Estado mexicano deberá responder por un caso particular de tortura ante el comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en dicho tema, a causa de la detención ilegal, tortura y fabricación de pruebas contra cuatro personas, ocurrida en junio de 2009 en el estado de Baja California.

Representantes de diversas organizaciones mexicanas y extranjeras de derechos humanos presentaron el pasado miércoles en Ginebra, Suiza, los documentos que sustentarían la petición de admisibilidad, con lo que se da inicio a un proceso legal que podría tardar entre dos y tres años.

El caso que exponemos es el de los hermanos Rodrigo y Ramiro Ramírez, y el amigo de ambos, Orlando Santaolalla, quienes el 16 de junio de 2009 estaban en una reunión en un condominio de Rosarito, Baja California, cuando al lugar llegaron personas encapuchadas, portando armas largas y con uniformes militares, señaló en entrevista con La Jornada Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).

Sin presentar orden de detención, los tres fueron sometidos y trasladados a un terreno donde los militares habían llevado a una cuarta persona, de nombre Ramiro López, quien también fue detenido de forma arbitraria.

Los cuatro hombres fueron transportados a casas de seguridad donde se les torturó mediante choques eléctricos en los genitales y golpes en todo el cuerpo, para que firmaran declaraciones prefabricadas en las que se autoinculpaban de ser miembros de una banda de secuestradores. Tres o cuatro días después, fueron llevados a un cuartel militar, donde un agente del Ministerio Público oficializó los cargos en su contra y ordenó su encarcelamiento, agregó.

Los familiares de las víctimas, asesorados por la Cmdpdh, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Organización Mundial contra la Tortura, comenzaron a denunciar lo ocurrido –pese al hostigamiento y las amenazas en su contra–, y al comprobar que la Procuraduría General de la República se rehusó a admitir el caso y lo envió a la justicia militar, decidieron acudir al Comité contra la Tortura de la ONU.

Al ratificar el Protocolo Facultativo contra la Tortura, México reconoció la competencia del comité para conocer de casos particulares. Este es un mecanismo que no se había empleado antes y que sería muy valioso activar para eventos futuros, explicó Amezcua.

Aunque el proceso legal apenas está en la fase de presentación de documentos para pedir la admisibilidad del caso, las organizaciones que acompañan a los cuatro civiles torturados confían en que la ONU dé trámite a la petición, dada la solidez del expediente en que prueban la detención arbitraria y tortura de los cuatro ciudadanos.