FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

El medio ambiente en México, un desastre

Los indicadores ecológicos en México son trágicos a tal grado que un grupo de organizaciones y ciudadanos han decidido generar una iniciativa de propuesta de política pública ambiental, y aquel candidato a la Presidencia que los asuma obtendrá el respaldo de este conglomerado social, afirmó Víctor Toledo, ecólogo e investigador de la UNAM, durante la mesa dedicada a este tema, dentro de la serie Los Grandes Problemas Nacionales. Diálogos por la Regeneración de México, organizada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la Fundación Equipo, Equidad y Progreso y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Toledo mencionó grandes retos y riesgos que existen en materia ambiental y donde debería ponerse orden por medio de una política pública en el próximo sexenio, aun cuando el panorama político de México es sumamente corrupto. Y tal política tocaría temas que van desde transgénicos y la minería a cielo abierto hasta los plaguicidas, el uso del agua y el manejo forestal.

En la mesa –la cual es la primera de una serie que tendrá sesiones semanales en el Club de Periodistas y que durarán hasta el cierre de mayo próximo– otros especialistas hablaron detalladamente de cada tema.

Enrique Provencio, consultor de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió que una tercera parte de la morbilidad y la mortalidad humanas tienen causas explícitas en el deterioro ecológico, y lo que está por venir en cuanto a este deterioro es muy preocupante: “estaremos ante procesos más difusos, d e escala más amplia, para los cuales no tenemos tecnologías ni formas sociales para enfrentarlos”.

Explicó que en los 30 años recientes las tasas de crecimiento del PIB nacional han sido relativamente bajas, apenas se duplicó la producción a lo largo del periodo, al tiempo que se dobló también el uso de los recursos naturales, pero, alertó, aun manteniendo un ritmo económico bajo, para el 2050 los impactos ambientales se triplicarán (por los efectos acumulados).

Esto no quiere decir que México deba dejar de crecer, pero sí tener una política que reduzca los impactos. Y en el centro, como aspecto fundamental, debe estar la preocupación por la salud de las personas. El problema hoy es que en las decisiones cruciales del país, la política ambiental es tradicionalmente desdeñada.

Eckart Boege, ambientalista reconocido, dijo que la minería a cielo abierto, que se está imponiendo en México y otros países, es negocio de “un puñado de trasnacionales de origen canadiense”. Esta actividad es intensiva en uso de recursos naturales y energía, y su tecnología es brutalmente extensiva en territorio con costos ambientales ocultos de tal magnitud que no sería viable si tuvieran que pagarse con dinero esos costos.

Por ejemplo, dijo, para producir un metro cúbico de oro de yacimientos que tienen 0.6 gramos de metal por tonelada de tierra removida, se destruyen 400 hectáreas, cuyos propietarios (muchos, ejidatarios) son previamente “conminados” a vender o rentar. Afirmó: “la biodiversidad que se destruye tiene valores únicos e irreparables para el mundo”. De los millones de toneladas de tierra que remueven las empresas mineras, aproximadamente dos terceras partes tienen interés para ellas y van a dar a las “tepetateras”, donde se generan drenajes ácidos con efectos ambientales nocivos de largo plazo. Y la tierra que sí utilizan, una vez procesada, va a dar a terreros o pilas de lixiviación. Además, esta industria utiliza miles, millones de litros o toneladas de diesel, cianuro, ácido clorhídrico y explosivos, sumamente contaminantes y dañinos a la salud, y se le da prioridad para la utilización del agua por sobre el interés para el consumo humano.

Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y de la Red de Afectados por la Minería, afirmó que la movilización y la presión social son fundamentales para proteger el ambiente. Predomina el modelo extractivista que viene desde la Colonia y que implica una apropiación de bienes sin producirlos, bienes que pertenecen a las comunidades y al país, y “se confunde el desarrollo con el crecimiento”. Así, tan sólo en los diez años que llevamos de gobiernos panistas, y sin considerar a la minería –que es la actividad que hoy registra las más fuertes tasas de crecimiento en la economía–, se ha generado una deuda ambiental que implica el 60 o 70 por ciento del PIB. Consideró que la clase política es parasitaria, poco creativa y subordinada al capital financiero, y por tanto resulta un obstáculo para alcanzar una política ambiental socialmente justa.

Gonzalo Chapela, experto en los tema de bosques, manejo de cuencas y desarrollo rural, dijo que México debería ser campeón forestal en el planeta, dado que es centro de origen de los pinus y de diversas plantas tropicales y tenemos condiciones para que esos organismos evolucionen. Señaló que cuatro de cada cinco hectáreas de bosque son propiedad social, pero la productividad de ésta ha sido muy limitada, pues aporta menos del 15 por ciento de la producción forestal nacional. Consideró que la política debe enfocarse a tener bosques sustentables con y para la gente, y se debe impulsar particularmente a las comunidades con una visión de largo plazo. La política hoy tiene efectos muy ineficaces: en los dos sexenios recientes se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal en tres mil 200 por ciento, y sin embargo ha habido una reducción reducido en una tercera parte de la producción y la balanza comercial del sector ha acentuado su déficit, además de que la deforestación avanza a pesar de que las cifras oficiales digan otra cosa.

Otros participantes en la mesa fueron Elena Álvarez Buylla, experta en el tema de transgénicos, Fernando Bejarano, quien habló sobre los riesgos y daños de los plaguicidas, e Hilda Salazar, de la Red Género y Medio Ambiente. (Lourdes Edith Rudiño)

Más información de estas mesas de diálogo, en http:// grandesproblemas.org.mx/