Jornaleros agrícolas:
invisibilización deliberada

FOTO: Rodrigo Cruz / Tlachinollan

Samuel Salinas Álvarez*

Durante las tres décadas recientes, estrechamente vinculados a la crisis del campo mexicano, se han configurado procesos de migración masiva de jornaleros que viajan con sus familias de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, principalmente, hacia entidades de agricultura de exportación, demandantes de fuerza de trabajo.

Las condiciones predominantes en las regiones de destino de los jornaleros son de aislamiento, hacinamiento, exposición a sustancias tóxicas, endeudamiento, precariedad en la vivienda y en la contratación y explotación del trabajo. Ello afecta a toda la familia migrante, sobre todo a los niños y jóvenes.

Hay una invisibilización deliberada de los jornaleros que descansa en la omisión en estadísticas oficiales; exclusión en las políticas públicas educativas, laborales y de desarrollo social; ocultamiento de las agroempresas de la utilización de trabajo infantil; limitada producción de conocimiento en las instituciones de investigación; escasez de organizaciones no gubernamentales trabajando efectivamente en el tema, e indiferencia de la sociedad.

La falta de consistencia y continuidad en las estadísticas sobre los jornaleros agrícolas y en particular de los migrantes tiene consecuencias en la definición y puesta en marcha de políticas públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de esta población.

Según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), basada en una encuesta nacional realizada por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en 2009, hay en México dos millones 40 mil jornaleros agrícolas; de ellos, casi 434 mil son migrantes, 90 por ciento carecen de contrato formal y 54 por ciento están expuestos a plaguicidas. Asimismo, 727 mil niños y adolescentes jornaleros trabajan con algún tipo de remuneración y cuatro de cada diez jornaleros agrícolas son indígenas.

Tal encuesta implicó dos mil 824 cuestionarios y fue realizada en 31 entidades federativas. Lo reducido de la muestra, según la UACh, se debió a restricciones presupuestarias . Cabe recordar el levantamiento realizado por Sedesol diez años antes, con cinco mil 716 cuestionarios, y el estudio de caso realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 1999 con ocho mil 117 cuestionarios en cuatro estados.

Ligada a la precarización laboral, está la explotación del trabajo infantil en la agricultura, que implica riesgos a la salud y frena el ejercicio de los derechos de la infancia, en especial el de la educación.

Para ocultar el trabajo infantil y eludir su responsabilidad y la del Estado, los empleadores argumentan que los padres exigen que se contrate también a sus hijos y que esto es parte de los usos y costumbres de la población indígena migrante. Tal argumento legitimador propicia una culpabilización de los padres. La solución de fondo está –como lo han dicho públicamente las autoridades indígenas– en el pago de salarios suficientes y oportunos que permitan al jefe de familia alimentar, vestir y calzar a sus hijos, enviarlos a la escuela y contar con una vivienda digna.

Otro argumento legitimador de la explotación de los jornaleros migrantes es el que les escatima su calidad de sujetos productores de riqueza y los reduce a menesterosos necesitados de asistencia.

Frente a sus competidoras en Estados Unidos o Europa, la ventaja de las empresas agroexportadoras que trabajan en México es el acceso a una reserva de fuerza de trabajo barata. Un jornalero agrícola en México gana menos de la séptima parte de lo que obtiene un migrante en Estados Unidos realizando el mismo trabajo.

El argumento de la pobreza funciona como dispositivo invisibilizador de la explotación del trabajo de la infancia migrante, no sólo porque oculta el carácter de sujetos productores de riqueza de los padres, sino porque sostiene, como causa de la migración, las condiciones de marginación y pauperización en las comunidades de origen de la migración. Aunque es cierto que los lugares de origen de los jornaleros registran los más bajos índices de desarrollo humano, también lo es que las regiones receptoras de fuerza de trabajo migrante no sobrevivirían sin la contribución laboral de los jornaleros.

El argumento de la pobreza, interiorizado por las familias jornaleras, convierte en demanda la contratación de la unidad familiar completa en las labores de cosecha de los cultivos y despoja de capacidad de negociación a los padres en pago de salarios, duración de las jornadas y condiciones de traslado y vivienda en las regiones de destino.

Para el gobierno tal argumento se traduce en políticas asistenciales e incluso en la inducción a que organizaciones filantrópicas se ocupen del asunto. Se deja a la buena voluntad de los empleadores o de las organizaciones no gubernamentales el retirar a unos cuantos niños de los surcos por tandas, como ocurre con los centros Florece que instaló la industria tabacalera en la planicie costera de Nayarit.

Un elemento más de la invisibilización ideológica sobre la explotación a los jornaleros es la subordinación del interés público a las decisiones de los empresarios agrícolas, que conduce a la parálisis de las acciones gubernamentales en la defensa de los derechos laborales de los jornaleros y combate a la explotación del trabajo infantil. Está ampliamente documentado en testimonios en video que se oculta la presencia de infantes en los surcos cuando se sabe que habrá una inspección de autoridades laborales o de desarrollo social.

Los campamentos de concentración de familias jornaleras migrantes de las grandes agroempresas del noroeste de México son una de las modalidades de control privado de la vida pública, quizás el caso extremo por las condiciones geográficas de aislamiento, las enormes distancias hasta los centros urbanos de las regiones, y las grandes dimensiones de las unidades productivas. En el otro extremo podemos ubicar, por ejemplo, las diminutas unidades productivas de los ejidatarios que cultivan en promedio 2.5 hectáreas de tabaco en la planicie costera de Nayarit y quienes, junto con los jornaleros nayari y wixaritari, constituyen los dos últimos eslabones de la cadena de explotación de esta industria liderada en México por las trasnacionales British American Tobacco y Philip Morris. Ahí las familias jornaleras agrícolas son dejadas, literalmente, a su suerte, que si es muy buena, implicará una negociación que incluya dotación de agua potable y, a veces, tortillas.

En cuanto a la educación, en la década reciente ha habido programas gubernamentales encaminados a ampliar y mejorar la atención a niños y jóvenes jornaleros migrantes, los cuales generan la expectativa de que la escolarización y el ejercicio del derecho constitucional a la educación básica obligatoria y gratuita contribuyan a combatir el trabajo infantil en las agroindustrias. Lamentablemente los resultados han sido precarios: no se cubre ni el diez por ciento de la demanda y hay graves problemas de acreditación de aprendizajes y certificación de estudios, derivados de la fractura en la experiencia de escolarización de los estudiantes a causa de la movilidad y la débil o nula coordinación interinstitucional entre los programas.

Ante todo lo dicho, es urgente diseñar políticas públicas con un enfoque de derechos, y no acciones asistenciales, para atender la situación que viven los jornaleros agrícolas migrantes.

Es indispensable que el Estado cumpla su obligación de garantizar que exista contratación legal y pago de salarios dignos. Además, la experiencia de diversos productores agrícolas en México y en otros países de América Latina demuestra que erradicar el trabajo infantil, pagar salarios justos y ofrecer condiciones dignas de vida a los jornaleros y a sus familias no conduce a la quiebra, por el contrario, incrementa la productividad y el desempeño.

Es necesario que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) impulsen líneas de investigación sobre jornaleros agrícolas y en particular sobre sus procesos de migración familiar. Actualmente en estas instituciones y en las universidades y los centros de investigación superior predominan líneas que se ocupan de la migración internacional, con poco interés y recursos sobre la interna de jornaleros agrícolas.

Es prioritario que la infancia migrante ejerza su derecho a recibir educación básica en escuelas públicas debidamente establecidas y con docentes contratados. Las autoridades de educación deben ya resolver los aspectos técnicos que plantea la migración para que sea el sistema educativo el que siga a los estudiantes y no deban sufrir ellos la fractura de su escolarización por falta de coordinación entre instituciones educativas.

*Samuel Salinas Álvarez es coautor con Patricia Díaz Romo del estudio Plaguicidas, tabaco y salud: el caso de los jornaleros huicholes, jornaleros mestizos y ejidatarios en Nayarit, México. Proyecto Huicholes y Plaguicidas. 2002.

FOTO: Archivo de Proyectos Jornaleros expuestos a plaguicidas Entre 1998 y 2001 el Proyecto Huicholes y Plaguicidas realizó un estudio pionero en México y, con seguridad, en el resto de América Latina, sobre exposición de jornaleros agrícolas indígenas huicholes a los plaguicidas neurotóxicos (organofosforados y carbamatos) empleados en el cultivo del tabaco, por cierto, del mismo tipo que los utilizados para el control de plagas en otras plantas solanáceas como el jitomate. El estudio midió la inhibición de acetilcolinesterasa eritrocítica en sangre a partir de dos muestras obtenidas de 220 personas. De todos los grupos analizados por edad, sexo y categoría, las niñas jornaleras indígenas presentaron los mayores niveles de inhibición en los niveles de acetilcolinesterasa eritrocítica (ACE). La ACE es una enzima que interviene en la transmisión normal de los estimulos nerviosos. Una intoxicación aguda con plaguicidas organofosforados o carbamatos, es decir, la exposición durante breves periodos a dosis altas del veneno, puede producir rinorrea, lagrimeo, mareos, y en casos extremos, convulsiones e incluso la muerte. La intoxicación crónica que ocurre por la exposición a dosis pequeñas del veneno durante periodos prolongados, ha sido asociada en estudios realizados en México, Estados Unidos y otros países, con diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas y daño neurológico expresado en el retraso del desarrollo de la coordinación motora fina. La exposición a plaguicidas es el riesgo más grande para la salud de las niñas, niños y jóvenes de las familias jornaleras agrícolas, no solamente para aquellos que trabajan, sino para todos los que viven en las proximidades de los campos de cultivo donde se hace un uso intensivo de estos venenos. Además de la intoxicación por plaguicidas y otros productos agroquímicos, la infancia jornalera migrante está expuesta a numerosos riesgos: atropellamientos, picaduras de animales venenosos, golpes de calor, enfermedades de la piel, parasitosis, heridas causadas por el uso de las herramientas punzo cortantes empleadas en la cosecha, etcétera. Quienes trabajan en el corte y ensarte de tabaco pueden padecer la llamada “enfermedad del tabaco verde”, ocasionada por la absorción a través de la piel de la nicotina que se desprende de las hojas húmedas. Es urgente que el Estado mexicano establezca un control efectivo sobre el uso de plaguicidas sintéticos en la agricultura de modo que se proteja la salud de los jornaleros y de sus familias, pero también de la población que vive en zonas de uso intensivo de estas sustancias tóxicas, ya que se ha demostrado que las aspersiones pueden llevar los venenos hasta los centros de población en varios kilómetros a la redonda. (Samuel Salinas Álvarez, investigador independiente).

Cómo se transportan
l@s jornaler@s migrantes

Amparo Muñoz Coronado

Hablar del transporte de los jornaleros agrícolas migrantes implica reconocer tres momentos: a) el del traslado de la comunidad al punto de encuentro y concentración; b) el del lugar de concentración al espacio de alojamiento temporal en el mercado de trabajo, y c) el del espacio de alojamiento a la parcela de trabajo. En cada uno de los momentos, el espacio, la distancia y el tiempo están sujetos a la percepción y a la subjetividad de los hombres y mujeres que se desplazan de manera intermitente para emplearse en los campos.

En el primer momento, el desplazamiento al punto de concentración se realiza en camionetas de redilas, que suelen contar con asientos adaptados. Este tradicional “transporte pirata” es común en las zonas rurales y se carece de prácticas que resguarden el confort y la seguridad del usuario. El tiempo de traslado está en función de la distancia y de las condiciones del camino. Los puntos de encuentro tradicionalmente identificados son: Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comonfor y Ometepec, en Guerrero; Mexquital, en Durango; Huejutla de Reyes, en Hidalgo; El Nayar, en Nayarit; Coatecas Altas, Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santiago Juxtlahuaca y Putla Villa de Hidalgo, en Oaxaca, y Tantoyuca y Zongolica, en Veracruz.

Este primer momento es resultado tanto de la problemática económica de sus habitantes como de las expectativas de los migrantes. Al respecto, la tendencia general en las investigaciones nos habla de la ausencia de alternativas de empleo e ingreso; de la precariedad de la producción agrícola; de situaciones graves como la militarización, el narcotráfico, los conflictos agrarios, la violencia comunitaria, la inseguridad y el debilitamiento sociopolítico de instituciones y gobiernos locales. A ello se agrega la demanda de trabajadores temporales y las actividades de promoción por parte de contratistas, enganchadores y productores.

Los contratistas, enganchadores y productores son actores que intervienen en la promoción, recolección y traslado de jornaleros. Tienen a su cargo, la tarea de contratar mano de obra y llevarla a las regiones de atracción. Para comprometer a los líderes o jefes de familia, llegan a otorgar un anticipo económico.

Quienes se insertan en estos circuitos migratorios son sujetos con una actitud positiva a la movilidad, al cambio y al tránsito, actitud que les significa dejar temporalmente su casa, su familia, amigos, paisanos y parientes. Sus sueños y expectativas suelen ser en torno a adquirir recursos económicos que les permitan pagar la deuda con el prestamista, y comprar ropa, alimento y calzado, además de cubrir los gastos que se derivan de los compromisos comunitarios: mayordomías, faenas, etcétera. Al salir de su comunidad, los jornaleros aumentan su capacidad de negociación laboral, mediante el acceso a las redes sociales que enlazan los diferentes mercados de trabajo, y tienen el conocimiento de cómo se comporta el mercado de trabajo, fruto de su propia experiencia, pues a pesar de tener niveles de escolaridad básicos o nulos, se mueven con inteligencia y sagacidad.

En el segundo momento, que va “del lugar de concentración al espacio de alojamiento en el mercado de trabajo”, el transporte usado está definido por la distancia a cubrir. Cuando la movilidad es en la misma región o entre áreas colindantes, la distancia es corta y los jornaleros son transportados en camiones de redilas de tres toneladas, donde el cupo de “pasajeros” suele estar al máximo de la capacidad. Esto se observa en el periodo de cosecha de café, donde los migrantes y sus familias se desplazan hacia las fincas que se ubican en la Sierra Norte en Puebla; la zona de Tapachula en Chiapas y/o la región de Pluma Hidalgo en Oaxaca. La relativa cercanía a la comunidad, conlleva a incluir en este circuito migratorio sólo a los integrantes de la familia que trabajan.

Cuando la distancia a recorrer es mayor, las condiciones de traslado “mejoran” por el uso de autobuses turísticos, que en la mayoría de los casos carecen de seguro de viajero; en estos casos el tiempo de traslado varía de 30 a 46 horas promedio. A manera de ejemplo, el jornalero de Cochapan el Grande, Guerrero cuyo destino es el valle de Culiacán, Sinaloa, el tiempo que destina para su trayecto en el primer momento es de siete a ocho horas si el camino está en buenas condiciones, a ello se suman entre 12 y 14 horas para llegar a la ciudad de México, más 20 horas de camino a Culiacán.

Es una constante que el enganchador o no les dé de comer, o sólo les ofrezca una comida, no obstante que éste recibe dinero para el traslado de los jornaleros. Cuando llegan a tener un accidente, nadie es culpable; sólo a veces el chofer.

El tercer momento, cuyo destino es la parcela del cultivo que los demanda, la distancia es corta y en ella participan actores que tienen a su cargo la organización del trabajo. El tipo de transporte usado suele presentar asimetrías a lo largo y ancho del país. A manera de ejemplo, señalamos dos extremos: uno se registra entre algunos productores de los valles agrícolas de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, que en los años recientes han generalizado el uso de autobuses escolares de segundo uso (importados de Estados Unidos), y el otro en la zona Cuauhtémoc, Chihuahua; allí vehículos aptos para ganado o para los productos cosechados se utilizan para el traslado de los cortadores de manzana. En otras regiones del país, el tipo de transporte suele conjuntar tanto al producto cosechado como a los trabajadores, esto se presenta en el corte de naranja.

En el tercer momento los actores que participan son, entre otros: los capitanes de las cuadrillas, los cortadores de ejote de Morelos e Hidalgo; los cabos y ayudantes que coordinan y organizan el corte en los cañaverales de Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz; las caporalas a cargo de reclutar y supervisan el trabajo de los cortadores en chile, maíz, frijol y mango. Ellos son actores que tienen en común la organización de conglomerados de jornaleros agrícolas.

Al igual que el transporte del lugar de concentración a los mercados de trabajo, ante cualquier accidente, nadie asume la responsabilidad. Desafortunadamente, no existe ningún mecanismo de control sobre estos traslados.