FOTO: Rodrigo Cruz / Tlachinollan

Migración jornalera desde la montaña de Guerrero

Beatriz Canabal Cristiani
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

El análisis de la migración jornalera en la Montaña de Guerrero obliga a hacer referencia a las condiciones ambientales y económicas que privan en regiones como ésta, con una larga historia de despojo de sus recursos naturales y una población productora de granos básicos que se ha pauperizado presionada por las políticas agrícolas contrarias a la producción campesina de auto-subsistencia.

Un sentir muy generalizado es la imposibilidad de elección que estos guerrerenses tienen sobre migrar o no hacerlo. Los que migran como jornaleros agrícolas se exponen a las dificultades de su traslado, a la situación de insalubridad en los campos de destino, al hacinamiento, la mala alimentación, al maltrato por parte de los empleadores, al incumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas, los bajos salarios, las enfermedades y el envenenamiento por la exposición a los agroquímicos. Estas condiciones de trabajo y de vida son resultado del papel que estos mercados de trabajo saturados y segmentados asignan a la población montañera con una gran necesidad de incorporarse a ellos.

En Sinaloa se ubican grandes empresas que contratan miles de jornaleros y que han encontrado en esta fuerza de trabajo la posibilidad de tener brazos en abundancia durante las etapas productivas que más los requieren. Se trata de una población que está dispuesta a ser contratada por un salario seguro y superior al de su región de origen pero que en las zonas agrícolas norteñas es sumamente bajo con relación al esfuerzo, la intensidad de las jornadas de trabajo y las condiciones laborales a que se ve sometida.

Este tipo de migración jornalera ha ido en aumento. Los registros oficiales así lo indican y permiten constatar que se ha intensificado la migración familiar por la cantidad de niños que acompañan a sus padres. Si bien la cantidad de hombres y mujeres trabajando en estos campos es similar, la población joven es mayoritaria y la presencia de adolescentes y niños no ha decaído a pesar de las prohibiciones que intentan limitarla.

Los ahorros que los jornaleros migrantes logran hacer sirven para financiar su sostenimiento por algunos meses en la comunidad y significan la posibilidad de seguir ligados a su tierra, a la producción de maíz y a sus comunidades mediante su cooperación para actividades cívico-religiosas.

La migración pendular sigue siendo la más importante en número y proporción de migrantes pero está cediendo el paso a la migración circular que se da en cualquier momento del año y a cualquier destino. La población va de campo en campo y de región en región buscando la opción de ocuparse; se queda por cortos periodos en sus comunidades y vuelve a partir. Alguna parte de esta población se está estableciendo ya alrededor de los campos de Sinaloa y de Morelos.

Estos cambios en el tipo de migración de los jornaleros de la Montaña se deben a que los sistemas productivos se están intensificando y requieren mano de obra en distintos meses del año, en diversos lugares y para diferentes actividades.

Las condiciones de flexibilidad laboral, la diversidad de destinos y la contratación por temporada evitan que los migrantes cuenten con prestaciones como pueden ser la jubilación o algún tipo de indemnización por parte de los patrones en caso de accidente, por lo que las percepciones que obtienen se reducen al tiempo de vida útil de un jornalero.

Las jornaleras llegan a los campos de trabajo con altos índices de monolingüismo, analfabetismo y con una salud debilitada que empeora al someterse a largas jornadas de trabajo en condiciones de vida desfavorables. Su estatus de migrantes no las exime de todos sus deberes domésticos además de que acuden con los hombres a los campos cumpliendo con una jornada de trabajo similar, independientemente de su estado de salud, incluso en condiciones de embarazo, de partos recientes o con niños muy pequeños.

El problema de los niños jornaleros es severo porque sus familias requieren de su salario para completar el ingreso familiar. Estos niños no pueden cursar todo un ciclo educativo al tener que trasladarse con sus padres a los campos agrícolas del noroeste, situación que ha pretendido paliarse con programas educativos para los niños migrantes. Sus logros son limitados, dado que los programas de estudio que ofrecen a los niños en sus comunidades no son compatibles con los existentes en sus lugares de trabajo; falta una estrategia educativa conjunta que contemple la situación particular de los niños migrantes.

En cuanto a la salud, si bien el cuadro que presentan las familias jornaleras se relaciona con las condiciones en que salen de sus en los campos de trabajo se complica. En el tema de salud, al igual que en el de educación, no hay comunicación ni coordinación entre las instituciones que brindan estos servicios en la Montaña y en los lugares de destino; no se les da seguimiento a determinadas enfermedades, a embarazos o al desarrollo de niños recién nacidos.

En años recientes ha sido importante el apoyo a los jornaleros mediante diversos programas de gobierno, pero los esfuerzos no han sido suficientes ya que sigue habiendo muchos rezagos en cuanto a sus condiciones de vida y de trabajo, mientras que el presupuesto para estos rubros ha ido descendiendo. Una opinión muy generalizada es que la aplicación de los programas para los jornaleros muestra una descoordinación entre las instituciones que colaboran en este frente de acción.

Es cierto, la mayoría de los programas no se centran en atacar las causas de la migración jornalera y son sólo compensatorios, pero aun así, con mayores recursos, mejor planeación y coordinación institucional, podrían mediante un diálogo permanente con la sociedad civil, con los jornaleros y sus organizaciones, ayudar a mejorar algunas de sus condiciones de trabajo y de vida. Se trata de una población de campesinos indígenas; hombres, mujeres, niños y ancianos convertidos por fuerza al jornalerismo que han permitido el desarrollo de grandes emporios capitalistas en el norte y occidente del país, y que siguen ligados mayoritariamente a la tierra y a sus comunidades.

En general, los jornaleros y sus organizaciones no conocen los planes de gobierno ni los programas que se aplicarán para ellos. Las organizaciones independientes trabajan con una gran cantidad de obstáculos, no son bien vistas por las centrales priistas ni por los empresarios; tienen que afrontar barreras legales y administrativas para poder funcionar; su camino es difícil, y aun así han surgido distintas propuestas organizativas que se dedican a acompañar a los jornaleros en la solución de sus problemas laborales, como habitantes periódicos de los campos de trabajo y como grupos con pertenencias étnicas diversas. Han permitido, al lado de diversos centros de derechos humanos, hacer visibles las condiciones en que se ejerce el trabajo jornalero en México y han logrado que mejoren algunos aspectos en la vivienda, en los servicios educativos y de salud en los campos de trabajo. Los frentes en que estas organizaciones han tenido que pelear son diversos y han ganado algunas batallas que han significado un avance importante en la vida de estas familias de trabajadores.

Migrantes somos y en el camino andamos FOTO: Rodrigo Cruz / Tlachinollan Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña El rostro cubierto de Silvia Salgado Aranda, que enmarca la portada del informe de Tlachinollan Migrantes somos y en el camino andamos, es una niña naua de 15 años, de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, Guerrero. En ella se esconde la tragedia que padecen centenares de familias me’ phaa, nauas y na savi de la Montaña que anualmente migran como jornaleros y jornaleras a los campos agrícolas del norte del país. En México 405 mil 712 familias, aproximadamente, están en continuo movimiento entre sus zonas de origen y las regiones a las que migran. Alrededor del 26 por ciento de la población es migrante. Se calcula que 3.5 millones de personas son migrantes internos, en su mayoría indígenas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2009, el 58.5 por ciento de las y los jornaleros agrícolas proviene de municipios de muy alta marginación, de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En la región de la Montaña, de 2006 a 2011 el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y Tlachinollan documentaron la salida de 32 mil jornaleros y jornaleras de 362 comunidades indígenas. Se trata de familias numerosas, como la de Silvia, que abandonan sus comunidades por más de seis meses, para trabajar en las cosechas de jitomate, pepino, chile y hortalizas. Las rutas migratorias se centran en Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua. El rostro de Silvia cubierto con paliacates rojos y azules nada tiene que ver con el atuendo de un juego, una ronda infantil o una danza tradicional; es la ropa que usan las y los jornaleros para cubrirse del sol y protegerse de los agroquímicos. A pesar de que en otros países los insecticidas, pesticidas o fungicidas están prohibidos, en México los empresarios tienen todo el apoyo para comprarlos y usarlos sin ningún control. Se han documentado muchos casos de intoxicación y desmayo de trabajadores que sufren dentro de los campos; sin embargo, los empresarios evaden su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. Cuando los jornaleros se enferman, ellos tienen que salir de los campos para acudir a médicos privados, que no sólo los tratan con desprecio, sino que les cobran muy caro por la consulta y las medicinas. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 90.9 por ciento de las y los jornaleros realiza su trabajo sin un contrato formal. El 72.3 por ciento gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a destajo. A 76.5 por ciento les pagan cada semana y el 18.4 por ciento recibe su pago de manera diaria. La falta de un contrato formal provoca que se violen de manera masiva los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas. Desde que salen de su comunidad viven el calvario de la discriminación, los abusos, los maltratos y la explotación. Este sufrimiento es invisible para las autoridades, porque no verifican en terreno las condiciones infrahumanas en que viven las familias indígenas dentro de los campos agrícolas. Los niños y niñas de la Montaña, al igual que Silvia, viajan con sus padres en autobuses destartalados que contratan los empresarios agrícolas para trasladarlos en condiciones indignantes. En cada autobús viajan más de 80 personas entre adultos y niños, en un trayecto que va de 48 a 72 horas. El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y Tlachinollan, documentaron en el ciclo agrícola 2010-2011 que 42 por ciento de las y los migrantes tenían menos de 15 años y seis por ciento eran menores de un año. Esta realidad oprobiosa sigue siendo tolerada por las autoridades federales que son cómplices de los empresarios, quienes sin ningún rubor contratan a niños y niñas indígenas para amasar impunemente su fortuna. Para la niña Silvia y los centenares de menores que crecen en los campos, su infancia se reduce a vivir en medio de un inmenso surco. Cuando Silvia tenía 12 años, era una niña experta en llenar cubetas de jitomate. Ella le enseñó a su hermanito David, de ocho años, a recolectar y llenar su cubeta para que también pudiera ganar cien pesos. La mejor manera de jugar y de entretenerse era ver quién llenaba más cubetas. La historia de Silvia y de su familia sintetiza el drama de centenares de familias de la Montaña de Guerrero, que como nómadas recorren territorios y fronteras ante la imposibilidad de sobrevivir como tlacololeros. Para las autoridades de los tres niveles de gobierno, las y los jornaleros agrícolas no existen oficialmente. No hay presupuesto público destinado a atender sus principales demandas. El único programa que existía a nivel federal lo desaparecieron para fusionarlo con la Dirección de Grupos Vulnerables. El gran drama de estos trabajadores es que los sindicatos, las empresas agrícolas y las dependencias encargadas de proteger sus derechos se coluden a la usanza de los señores feudales para tener, en pleno siglo XXI, peones acasillados en condiciones de semiesclavitud, con el fin perverso de obtener ganancias estratosféricas en el negocio de la horticultura, con el sudor y la sangre de niños, niñas, jóvenes, mujeres y padres de familias indígenas sumamente pobres. A nivel nacional ha sido imposible romper esta cadena que deshumaniza y denigra la dignidad de quienes trabajan el campo. El capital trasnacional sigue haciendo cuentas alegres con los gobiernos empresariales porque mantiene en el olvido estas regiones inhóspitas donde nace, crece y se reproduce el jornalero y la jornalera agrícola. ¡Basta de criminalizar la pobreza y el modo de vivir de las familias que trabajan en el campo! ¡Basta de tanto olvido, de tanta demagogia, de tanto racismo y de tanta rapiña! Los jornaleros y jornaleras agrícolas de la Montaña, a pesar de tener el rostro cubierto como Silvia, por tanto sufrimiento y explotación, siguen de pie con su dignidad de acero, para desnudar al poder, para exigir justicia y demandar respeto a sus derechos como personas y como trabajadores del campo. No olvidemos que migrantes somos y en el camino andamos.

Trabajo jornalero
en la Guatemala rural del siglo XXI

Pablo Sigüenza Ramírez
Colectivo de Estudios Rurales IXIM

La mañana inicia aún con oscuridad para los habitantes del campo. El día se hace corto para todo el trabajo que realizan y pocos son los beneficios económicos a cambio de la energía gastada en la faena diaria. Hay un prejuicio, bastante extendido en los sectores urbanos y totalmente alejado de la realidad, que imagina la vida campesina como sembrar maíz, sentarse a esperar que crezca y vivir en la pobreza. Por el contrario, la economía campesina es poliactiva, no es sólo producción de granos básicos o sólo agricultura. Además, una misma familia campesina desarrolla actividades en el comercio, en la construcción, en el cuidado familiar, comunitario y ambiental, en la artesanía; en ocasiones también en el turismo, el arte y los servicios urbanos. Nada hay más dinámico que el campo. Nadie hay más explotado que el campesinado. El trabajo en las fincas como jornaleros es una parte de esta dinámica.

En Guatemala, la estructura agraria sigue manteniendo la relación latifundio-minifundio. Alrededor de 400 mil familias campesinas cultivan su producción alimentaria en 0.3 hectáreas de suelo cada una, pedazo de tierra en el cual llegan a producir no más de la mitad de alimentos que necesita la familia por año. Por esta razón están obligados a buscar completar sus ingresos con la venta de su fuerza de trabajo. Las grandes fincas para la producción de agroexportación son el destino de esta fuerza de trabajo campesina. Ante una gran demanda de trabajo, las fincas han mantenido bajos salarios de forma sistemática e histórica. Es evidente el resultado de esta explotación organizada: 70 por ciento de la población rural en Guatemala es pobre, y 75 por ciento de la población indígena es pobre. Uno de cada dos niños en el país sufre desnutrición crónica. El sistema económico que causa esto, sus impulsores y beneficiarios sólo pueden ser tildados de criminales.

La vida del jornalero agrícola en grandes fincas de café, caña de azúcar o banano es dura, mal pagada y expuesta a enfermedades severas por el desgaste físico y mental. El 92.1 por ciento de los jornaleros y peones no recibe ni siquiera el salario mínimo. Recientemente han circulado noticias públicas sobre enfermedades renales crónicas en trabajadores agrícolas de las regiones costeras de Centroamérica. Las consecuencias han llegado hasta la muerte de estas personas. La enfermedad está asociada a dos causas: a) la exposición a agroquímicos usados en las plantaciones de algodón, caña de azúcar y banano, y b) la exposición al sol en largas jornadas de corte y cultivo en estos productos, sumada a la poca hidratación del cuerpo.

Por otro lado, es un secreto a voces, las tácticas de drogadicción a que se someten voluntaria o involuntariamente los cortadores de caña en la Costa Sur del país. En suma, el trabajo en estas condiciones no dignifica la vida del jornalero. Sigue llegando temporada tras temporada al lugar de explotación porque no hay muchas más opciones. El único escape factible es llegar a los cinturones pobres de la ciudad o emigrar a Estados Unidos. Ninguna de estas alternativas dignifica.

Según la Alianza de Mujeres Rurales, las mujeres que son empleadas en las grandes fincas reciben menos salario por igual tiempo de trabajo que el pagado a los hombres y en ocasiones no reciben pago, pues son vistas como ayudantes de los trabajadores. También indican que el abuso y el acoso sexual son cosa diaria en el trabajo. Un aspecto toral en el tema del trabajo agrícola es el reconocer que existe todo un andamiaje doméstico de trabajo femenino que cuida y alimenta a la fuerza de trabajo explotada. Es decir, todos los cuidados y trabajos de las mujeres en casa no son remunerados por el sistema pero sí garantizan que los jornaleros campesinos puedan reponer las energías exprimidas durante el día.

Hoy la economía campesina enfrenta otro atropello más: la expansión de grandes agronegocios, de plantaciones forestales, de ganadería y narcotráfico le está arrebatando la poca tierra donde se reproducía parte de su subsistencia. El despojo histórico se acentúa. La sociedad y el gobierno son mudos testigos, desentendidos del problema. El sistema promete un futuro sin campesinos, con mayor pobreza, alimentos importados en latas, desiertos donde había bosques, sequía donde había ríos. Mientras eso pasa, disfrutemos de la comida hecha con productos frescos del campo, parece que no será para siempre.