Inclusión financiera

El dinero de los migrantes

FOTO: Jeremy Brooks

Isabel Cruz Hernández
Directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, AC [email protected]

Cada año, desde múltiples puntos de Estados Unidos (EU), Canadá y la República Mexicana, migrantes y jornaleros envían millones de remesas a sus familias que viven en comunidades rurales y pequeñas ciudades de México. El producto de su trabajo, en forma de envíos de dinero, forma parte de una enorme, diversificada y sofisticada “industria de transferencias” que ha evolucionado fuertemente en los 15 años recientes, lo cual se profundizará aún más en el futuro inmediato.

Se trata de migrantes trasnacionales temporales o definitivos en EU y Canadá que envían dólares que llegan en forma de pesos, y de jornaleros nacionales que viajan miles de kilómetros por el corredor Chiapas - Oaxaca - Guerrero - Sinaloa - Sonora - Baja California - EU para trabajar en los campos agrícolas de hortalizas, o que van desde múltiples puntos de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas hacia las playas y los centros turísticos para vender hamacas o artesanías en las zonas turísticas. Muchas de estas personas son indígenas que necesitan complementar su ingreso familiar.

La discusión reciente sobre migración y desarrollo reduce el análisis de las remesas a dos temas: 1) cómo reducir el costo de los envíos y hacerlos más seguros, y 2) cómo orientar las inversiones de los migrantes para proyectos productivos en sus comunidades de origen. Ambos puntos son importantes, sin duda, pero hasta ahora escapa al análisis el tema más importante: la bancarización de las remesas o cómo lograr que las familias migrantes y sus comunidades tengan acceso a servicios financieros.

Para analizar el tema de costos de envíos, hay que separar la problemática de los envíos nacionales (poco estudiados y monitoreados) del tema del costo de las remesas internacionales.

Los envíos nacionales que se hacen desde bancos comerciales que operan en el país y vía empresas de remesas (Money Gram, Uniteller, Elektra y Coopel, entre otras) se caracterizan por costos excesivos y comisiones de alrededor de seis por ciento respecto del valor del envío.

Y lo costoso se exacerba 1) porque las operaciones son frecuentes y de doble vía, pues los jornaleros remiten dinero a sus familias pero también piden que éstas les envíen para sobrevivir cuando el trabajo escasea; 2) por la escasa bancarización de ellos tanto en sus lugares de origen como en los de destino, pues carecen de cuentas de ahorro o de débito en bancos o cajas de ahorro, y 3) por la creciente inseguridad que se vive en el país. Cientos de historias muestran las extorsiones de que son objeto los trabajadores en los campos agrícolas, por parte de capataces y enganchadores que los convierten en mercado cautivo de sus tiendas o negocios.

A los costos de las comisiones hay que agregar el de transacción de las familias receptoras, que deben viajar desde su comunidad de origen hasta la ciudad más cercana para cobrar las remesas. Este costo puede variar entre cien y 200 pesos (transportes más alimentos), más el día de trabajo que deben perder por viajar para cobrar el dinero. Cuando estos envíos son cobrados en las tiendas Elektra o Coopel, existe una exigencia: la afiliación forzosa como cliente de Banco Azteca y las ventas de electrodomésticos asociadas.

Bancarización de las remesas. El acceso a medios de pago seguros, baratos y confiables está estrechamente vinculado a la existencia de instituciones financieras de proximidad. Éstas pueden ser cajas de ahorro, cooperativas de ahorro y préstamo, microbancos o cajas solidarias. Son los diferentes nombres que adquieren los tres organismos que legalmente pueden ofrecer depósitos de ahorro: cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras comunitarias y sociedades financieras populares. Lo importante es verificar que estos organismos estén autorizados por la Comisión Nacional Bancaria, pues existen muchos que operan sin licencia ni confiabilidad.

Las remesas internacionales han evolucionado en forma diferente y relativamente más favorable: del 20-25 por ciento de costos registrados a principios de los años 90s, cuando Western Union y Money Gram funcionaban como cuasi monopolios, a la actualidad, con más de cien empresas involucradas en las transferencias de dinero de EU a México, el costo se ha reducido a un diez por ciento promedio en los años 2000’s y a diez dólares costo promedio actualmente por envíos menores a mil dólares. Muy pronto estos costos de reducirán aún más, cuando se logre incorporar al mercado los envíos con tarjeta de débito y las transferencias por celular, que están a punto de llegar y provocarán una reorganización de los agentes en la “industria de transferencias” de dinero. Esta reducción radical de precios (que siguen bajando pero con menor ritmo) se ha dado por la amplia diversificación de canales de captación y distribución, por la fuerte competencia entre empresas y por la aparición de envíos electrónicos vía bancos centrales.

Tanto los jornaleros internos en México, como los migrantes indocumentados que van a EU y Canadá sufren de falta de medios adecuados para enviar sus remesas, para cuidarlas y no perderlas, pero sobre todo para administrar de buena forma sus necesidades cotidianas de dinero. Carecen de acceso a servicios financieros (ahorros, créditos, seguros, hipotecas y medios de pago) en bancos y en otro tipo de instituciones. Reciben su pago en efectivo y a veces en cheque o depósito en tarjeta sin que exista suficiente información o educación financiera de cómo funcionan estos mecanismos de los que desconfían. El Censo de Población 2010 registra 3.2 millones de migrantes; a pesar de la crisis del 2008 y la fuerte reducción de remesas internacionales, éstas se han recuperado sistemáticamente a lo largo de 18 meses, llegando en enero del 2012 al nivel de envíos que existía en 2006, y se ha recuperado en EU el nivel de empleo para hispanos (21.5 millones), de los cuales la mayoría son mexicanos.

El poder de las remesas: avanzar en la inclusión financiera. Más allá de los costos y la seguridad en el pago de remesas, la oportunidad que ofrece el fenómeno de los envíos de dinero es una discusión cuidadosa, informada y sobre todo realista de cómo aprovechar este fenómeno para apoyar la expansión de la inclusión financiera en el México rural. En diez años, el número de operaciones por envíos de remesas internacionales ha superado los 600 millones. Y los pagos del programa Oportunidades, que son 6.5 millones cuatro veces al año; de Procampo, con tres millones de pagos 1.5 veces al año; de Adultos Mayores, becas y otros programas sociales de los gobiernos de los estados, podrían ser parte de una estrategia bien organizada y concebida para ampliar el acceso a servicios financieros confiables y de proximidad (instituciones locales). Ofrecen la posibilidad de apoyar el desarrollo de comunidades de origen.

Plaguicidas y jornaleros agrícolas

Fernando BejaranoGonzález
Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) www.rapam.org

FOTO: Archivo de Proyectos

Las y los jornaleras agrícolas se exponen en su trabajo a plaguicidas altamente tóxicos que pueden poner en peligro su salud y la de sus familias con efectos a corto y largo plazos que vulneran derechos laborales y humanos fundamentales.

Los plaguicidas químicos –incluidos insecticidas, herbicidas y fungicidas– son por definición tóxicos y los jornaleros pueden entrar en contacto con ellos de distintas maneras en las diversas tareas que realizan: sea porque los apliquen directamente, por la deriva de las fumigaciones de los predios vecinos, por los residuos en el follaje o frutos en las tareas de recolección, o por el polvo que llevan los residuos de plaguicidas de los campos agrícolas.

Los y las jornaleras además están expuestos no a uno sino a un gran número de plaguicidas en un ciclo agrícola y a lo largo de su vida ocupacional. En un estudio del patrón de uso de estos productos en el Valle del Yaqui, Sonora, realizado en 2009, se identificaron 130 ingredientes activos de plaguicidas que pueden presentarse a su vez con distintas marcas y formulaciones, y 35 de ellos (el 45 por ciento) se han caracterizado como posibles cancerígenos humanos.

Existen cada vez más estudios que documentan los daños a la salud por la exposición ocupacional crónica y múltiple a estos agrotóxicos. En los congresos nacionales sobre la situación de los plaguicidas organizados por investigadores de la Universidad del Estado de Morelos en 2009 y 2011, se han presentado estudios realizados de jornaleros agrícolas en Morelos, Sinaloa y Guerrero que demuestran evidencias del daño a nivel celular y alteraciones del ADN, al igual que daños genotóxicos en trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California; en trabajadores de la floricultura en el Estado de México, y daños en hígado y en funciones del sistema nervioso, corazón y músculos en el valle agrícola de Navolato, Sinaloa.

También se ha observado que las mujeres que han trabajado en agricultura durante el primer trimestre del embarazo sufren un riesgo mayor de tener hijos con malformaciones congénitas que las que no lo han hecho. Y se ha documentado la presencia de plaguicidas piretroides en suelo y agua que afectan la salud de los niños en comunidades agrícolas y urbanas del sur de Sonora.

La norma oficial mexicana NOM 003-STPS obliga a los empleadores a informar a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por el uso de plaguicidas, asegurarse de contar con condiciones de seguridad e higiene y prohíbe que se emplee a mujeres gestantes y niños o jóvenes menores de 18 años en las tareas de aplicación de los plaguicidas químicos. Pero esta norma no se difunde ampliamente entre las y los jornaleros, ni es supervisada adecuadamente por los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Las condiciones son más duras cuando se trata de jornaleros migrantes indígenas. Hay numerosos ejemplos, como los documentados en la prensa escrita y los videos realizados por la organización Huicholes y Plaguicidas a lo largo de varios años. Otro ejemplo se vio en un foro organizado en enero pasado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena); lo presentó una jornalera mixteca de la Organización Nuevo Amanecer, del Valle de San Quintín: dijo que las mujeres representan 42 por ciento de los jornaleros agrícolas en ese valle; el 77 por ciento son menores de 29 años, 28 por ciento son analfabetas y 18 por ciento aplican agroquímicos y tienen jornadas diarias de hasta 14 horas.

La evidencia científica acumulada en México y en el mundo sobre los riesgos e impactos en la salud y ambiente de los plaguicidas químicos –aun con las incertidumbres que se tienen– y las denuncias de los afectados laborales y ambientales, deberían ser razones suficientes para aplicar un principio precautorio y establecer medidas de prevención que eviten los riesgos y no sólo los toleren, sobre todo cuando los efectos pueden ser irreversibles y hay alternativas.

Se trata de ir más allá del discurso de la industria química que propone sólo un manejo adecuado de los plaguicidas y el cumplimiento de la normatividad vigente: se deben establecer políticas y programas de reducción y sustitución en el uso de plaguicidas químicos, con metas específicas, a la par de impulsar formas de control agroecológico de plagas.

De forma prioritaria deben reducirse y sustituirse los plaguicidas altamente peligrosos, esto es aquellos que tienen mayor probabilidad de causar efectos dañinos inmediatos (de mayor toxicidad aguda, con banda roja); los que estén asociados a efectos crónicos graves, y los incluidos en los convenios ambientales. Ello repercutiría en menores riesgos laborales de jornaleros y jornaleras y en un beneficio para la salud y el ambiente de comunidades y consumidores que exigen sistemas agroalimentarios sustentables.

FOTO: Alexandra Halkin María Guadalupe Ochoa Familias enteras arribando a grandes campos de cultivo, durmiendo en galerones provisionales e insalubres, cosechando desde el amanecer hasta pasado el anochecer, cargando cajas y comiendo junto con otras familias; tiendas que venden a cuenta del próximo pago, y cercas vigiladas, son algunas de las imágenes cinematográficas recurrentes que muestran las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas. Los documentales que abordan el tema desde 1977 hasta la fecha no tienen grandes diferencias, las condiciones de los jornaleros no han mejorado; eso sí entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se cambió la Constitución para dar paso a las grandes propiedades de la tierra, se terminaron los precios de garantía… Si en Jornaleros (1977), Eduardo Maldonado –quien anteriormente había realizado Testimonio de un grupo (1970), Sociedad colectiva quechehueca (1971), Santo Domingo de los Reyes (1971), Reflexiones (1972) y Atencingo, cacicazgo y corrupción (1973)– filmó los testimonios de campesinos de Oaxaca, Michoacán y Guerrero en su búsqueda de trabajo temporal que les permitiera obtener salarios que en su tierra natal no encuentran, Luis Rincón en México bárbaro 2010 (2010) nos revela que a los mexicanos se les han sumado campesinos guatemaltecos en las fincas del país. La entrada en vigor del TLCAN ha empobrecido aún más a las familias rurales y también ha cambiado: la siembra del maíz, el jitomate y el frijol, que son la esencia de la cocina nativa, fue sustituida por la producción de frutas y los vegetales destinados a la agroindustria y exportados en su mayoría a los Estados Unidos y a Canadá. Los dueños de una de las fincas en Sinaloa que entrevistó el equipo de Migrar o morir, jornaleros agrícolas en los campos tóxicos de Sinaloa (2008), de Alexandra Halkin, son chinos provenientes de Canadá. Se trate de fincas cafetaleras en Chiapas o viñedos en Sonora, en todos existe el sistema de deudas y bajísimos salarios que mantiene en niveles de subsistencia a los trabajadores agrícolas, aun cuando los patrones y los capataces se empeñen delante de la cámara en convencer a los futuros espectadores de que son los salvadores de los campesinos al “capacitarlos”, pagarles más del salario mínimo, obligarlos a trabajar jornadas de 12 o 14 horas y en algunos casos hasta reducirles los descansos dominicales para “evitar que malgasten y se endeuden en demasía”. El trabajo sin cesar, reptando bajo los jitomatales, eludiendo –sin lograrlo– la picazón de los algodoneros, cortando brócolis, llenando bolsas, pesando cajas y cargando los camiones, y la vida cotidiana: las mujeres cocinando y lavando de manera colectiva, los ratos de esparcimiento de jóvenes y adultos, y los niños y las niñas jugando, trabajando como si fueran adultos, sin perder la sonrisa, creciendo vertiginosamente, son las imágenes constantes de los documentales sobre los jornaleros agrícolas. Como la mayor parte del cine mexicano, estos documentales sólo se hubiesen visto en circuitos restringidos; sin embargo, Jornaleros fue exhibido innumerables veces en miles de comunidades rurales de todo el país, fábricas, escuelas y universidades, y fue visto por más de tres millones de personas entre 1978 y 1980. Migrar o morir está disponible en la web y México bárbaro 2010 pudiese ser exhibido en salas si algún distribuidor se motivara porque la película está seleccionada para competir por uno de los Arieles de este año.