San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de marzo. En un detallado estudio sobre la situación del profesor Alberto Patishtán Gómez, preso de conciencia desde hace cerca de 12 años, y sentenciado a 60 años de cárcel, se afirma: Los elementos exculpatorios del caso no fueron tenidos en cuenta y los acusatorios carecen de toda base probatoria, incluido el testimonio de cargo. Los 12 años en prisión que se cumplirán el próximo 19 de junio constituyen un ejemplo claro, doloroso e indignante de que los graves problemas de la administración de justicia en México siguen existiendo.

El informe, firmado por los investigadores Cecilia Santiago y Javier Matas, del Colectivo Ik’, quienes han seguido de cerca el caso y han visitado al profesor tzotzil en su actual exilio sinaloense, refiere que, en este tiempo, Patishtán no ha dejado de buscar justicia; precisamente en dicha defensa estaba en octubre de 2011, con los medios pacíficos y limitados con que un preso puede actuar en ayuno y huelga de hambre junto a otros compañeros presos, cuando fue trasladado de forma fulminante a dos mil kilómetros de distancia al Cefereso 8 en Guasave, Sinaloa, a petición del gobierno de Chiapas.

Destaca que la defensa interpuso un amparo contra dicho traslado, y el pasado 29 de febrero, el juez correspondiente dictó derecho de amparo para el retorno a Chiapas del profesor, como informó La Jornada este martes. Ahora se espera el cumplimiento del dictamen judicial.

El colectivo Ik’, adherente de la otra campaña, reseña el origen de la injusta reclusión de Patishtán: Su detención se da en un contexto electoral especialmente tenso y enrarecido en Chiapas por la violencia (elecciones presidenciales del primero de julio de 2000). En mayo de ese año diversas organizaciones sociales del municipio de El Bosque, con carácter legal y pacífico, dirigen al gobernador Roberto Albores Guillén una carta denunciando al entonces gobierno municipal, detallando arbitrariedades, corrupciones, desidia ante la violencia y abusos, solicitando la destitución del edil y la creación de un consejo municipal. Una de las firmas de dicho documento es de Patishtán. Su participación política era pública, ajustada a derecho y dentro del marco de la ley.

Todo empieza a principios de junio de 2000, cuando siete policías mueren al ser atacados en el vehículo que viajaban, “en una emboscada que fuentes de la Procuraduría General de la República –que atrajo el caso– describieron de inmediato como realizada por gente bien organizada, con entrenamiento especial y fuertemente armados, coincidiendo en ello con las declaraciones que el subcomandante Marcos realizó entonces al deslindar al EZLN de aquella acción, añadiendo que quienes lo hicieron tenían que contar con información interna”.

El 19 de junio, Patishtán fue apresado y arraigado para su posterior encarcelamiento. “Ante la opinión pública, la rápida detención de ‘presuntos culpables’ era una carta favorable de cara a las votaciones, a realizarse dos semanas más tarde”, sostiene el informe.

Desde junio de 2000 hasta hoy, los vecinos de Patishtán, la gente de su municipio, sus compañeros maestros y las organizaciones sociales de El Bosque se manifestaron públicamente por su liberación, conocedores de su inocencia en dicha acusación. Del mismo modo enviaron escritos dirigidos a tres sucesivos gobernadores –Albores Guillén, Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero–, así como otros, remitidos por los procedimientos adecuados” a los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa. Allí, no sólo solicitan su liberación, sino además proclaman a Patishtán Gómez como preso político injustamente encarcelado.

En un nuevo intento de que se haga justicia, el próximo domingo 17 se realizará en El Bosque una asamblea de pueblos y comunidades del municipio tzotzil para exigir su liberación inmediata.