La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás este jueves, al menos de manera provisional, a la orden de suprimir nombres de personas físicas y morales de las listas de acuerdos judiciales, y ordenó a la Comisión de Transparencia, integrada por tres ministros, que en las próximas semanas revise la normativa nacional e internacional para resolver la controversia, pues el máximo tribunal ha recibido múltiples críticas de litigantes y organizaciones no gubernamentales.

El acuerdo de los ministros, avalado en la sesión de ayer, deberá acatarse a partir de este viernes, tanto en la Corte como en los tribunales federales de todo el país, incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los ministros ordenaron a la Comisión de Vigilancia revisar este tema de transparencia a partir de los cuestionamientos a la propia Corte, que en semanas anteriores comenzó a suprimir totalmente los nombres en listas para sesión, listas de acuerdos, versiones estenográficas y otros documentos difundidos vía Internet. Esta prohibición la emitió la SCJN luego de que se difundió información sobre una intervención telefónica del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que estaba a revisión en el máximo tribunal.

El director de comunicación social de la Corte, Jorge Camargo, explicó ayer, mediante una tarjeta informativa, que la Comisión de Transparencia, que integran los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar y Olga Sánchez Cordero, será la encargada de la revisión y actualización de toda la norma interna que existe en materia de transparencia, tomando en cuenta una visión no sólo propia de la función jurisdiccional de la Corte, sino también todo lo que tiene que ver con tratados internacionales en dicha materia.

El funcionario precisó que adicionalmente, se tomó el acuerdo de regresar al esquema anterior, a las reglas de transparencia que venía realizando la Corte hasta antes de la supresión de algunos de índices de búsqueda en la página de Internet.

El acuerdo de la Corte que regula el tema de transparencia data de 2008, y refiere que se podrán suprimir datos personales en las versiones públicas de documentos que difunde ese tribunal.

La decisión de la SCJN de aplicar una censura generalizada provocó críticas de juristas especializados en transparencia, entre otras razones porque daba al concepto de datos personales un alcance tan amplio que incluso se eliminaban nombres de empresas y servidores públicos.

Con la disposición contraria a la transparencia, sólo quienes conocieran el número de expediente de los asuntos que resolvería la SCJN sabían quiénes eran los demandantes y, con ello, la importancia de los casos.