Alejandra Sota, vocera del gobierno federal, dijo que habrá estrecha colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a fin de que no haya impunidad en el caso de soborno que involucra a funcionarios federales, incluidos tres integrantes de la Presidencia de la República.

Sin embargo, no precisó los nombres de los implicados en este tema o si continúan en sus puestos en tanto corre la indagatoria que reveló Washington y posteriormente admitió la administración calderonista.

–¿Ya fueron destituidos (los implicados)? –se le preguntó.

–Daremos la información en cuanto…

–¿Siguen trabajando en la Presidencia de la República?

–La SFP y la PGR (Secretaría de la Función Pública y Procuraduría General de la República) darán a conocer la información –dijo en conferencia de prensa realizada ayer en la Secretaría de Gobernación.

Del caso Florence Cassez, la ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, comentó que la PGR hará labor de acercamiento con los ministros (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) para tratar el particular.

No obstante, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Cuitláhuac Salinas, aseveró que a él no le compete la eventual conversación con los ministros: Ese asunto tampoco me toca a mí; lo mío fue la integración de la averiguación previa, precisó.

Señaló que tampoco es campo de su responsabilidad el caso de los sobornos, aunque lo que sí debe ser tema de su atención cotidiana es la captura de Joaquín El Chapo Guzmán que, según la propia declaración de Cuitláhuac Salinas, en febrero estuvo a punto de ser capturado en Los Cabos, Baja California Sur.

El subprocurador trae en su camioneta un grueso libro relativo al capo sinaloense, como se pudo observar cuando salió de Gobernación, donde acudió para reunirse con varios funcionarios estadunidenses.

En otro rubro, ante la petición del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, para que el gobierno federal envíe urgentemente más apoyo para combatir al crimen, la respuesta de Sota fue que la problemática en esa entidad es producto de la debilidad institucional local.

Esto desde luego se ha traducido en problemas de corrupción en los cuerpos de seguridad pública y naturalmente incide en una capacidad mermada para frenar el crecimiento de las organizaciones criminales, especialmente donde tienen cooptadas a las instituciones de seguridad pública locales, expresó la vocera.

Precisó que los recursos federales para el mejoramiento de las policías estatales están disponibles, pero condicionó a los gobiernos de esas entidades –incluidos los municipales– el acceso a los mismos al cumplimiento de metas.

Sota y el titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Óscar Vega Marín, convocaron a una conferencia de prensa para presentar un diagnóstico de la evaluación de control de confianza, y en todo momento adjudicaron los rezagos a la actuación de buena parte de los gobiernos locales.

Según estos datos, poco más de 40 por ciento de los mandos policiales del país no han sido evaluados y, a nivel general, el déficit de controles de confianza llega a 75 por ciento, es decir, sólo se han evaluado 109 mil de 431 mil.