os idus de marzo en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra no fueron de buen augurio para el gobierno de México. Tanto en el informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos como en el reporte del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, y en el reporte especial sobre el derecho a la alimentación, el Estado mexicano sale mal librado.

En el informe sobre defensores de los derechos humanos, presentado el 4 de marzo, México es mencionado 29 veces. En primer lugar, por los ataques a periodistas y a medios de comunicación. Con 10 comunicaciones, encabeza la lista de los países que más fueron señalados en América Latina por parte de las Naciones Unidas en relación con los ataques a comunicadores. Quienes sufrieron las agresiones fueron las y los periodistas que cubren cuestiones medioambientales, violaciones de los derechos humanos a manos del Estado, y casos de corrupción, manifestaciones, casos de narcotráfico y grupos mafiosos y casos de impunidad.

También es mencionado el Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos en contra de las y los defensores de cuestiones ambientales y relativas a la tierra en el contexto de las industrias extractivas y los megaproyectos de construcción. Según el reporte, las y los activistas en México que denuncian la operación de minas, de vertederos, de complejos residenciales y de recreo, de extracción forestal, han sido asesinados, encarcelados en forma arbitraria, atacados, amenazados de muerte y acosados.

Una suerte parecida han sufrido las y los defensores de los derechos de los pueblos indios, los que protestan contra desalojos, y los defensores de las mujeres contra la violencia: intentos de asesinato, amenazas de muerte y hostigamiento.

El informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias se presentó el 5 de marzo. Se concentró en tres países: Timor-Leste, República del Congo y México. Sobre nuestro país, reconoce el esfuerzo hecho a favor de los derechos humanos, así como para combatir las desapariciones forzadas y el crimen organizado.

Sin embargo, en las 22 páginas del informe sobre México se asientan datos muy preocupantes. Por ejemplo, que el número de quejas recibidas en la CNDH por desapariciones forzadas pasó de cuatro en 2006 a 77 en 2010, y la denuncia de la desaparición de 346 personas en 2010 por la misma comisión. Señala también que las organizaciones civiles estiman que más de 3 mil personas han sido desaparecidas en el país desde 2006. Advierte que no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos criminales, pues recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales actuando con apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.

Reconoce que son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas los grupos de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Sobre las primeras, observa que existe muy poca información pública disponible: la CNDH registró 5 mil 397 personas reportadas como extraviadas o ausentes, de las cuales mil 885 son mujeres. La misma comisión reporta el secuestro de 9 mil 578 migrantes en un periodo de seis meses en 2009 y 11 mil 333 entre abril y septiembre de 2010, y de 13 periodistas desde el año 2000.

El informe abunda en recomendaciones al Estado mexicano: que reconozca la escala de las desapariciones forzadas como primer paso para combatir su erradicación, que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todos los estados de acuerdo con lo señalado por instrumentos internacionales. Que se garantice siempre la jurisdicción de las cortes civiles en todo lo referente a desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. Que se establezca un programa nacional de búsqueda para personas desaparecidas, con un protocolo de acción inmediato, y se establezca y mantenga una base de datos de información personal de víctimas de la desaparición forzada. Y que se garanticen condiciones de seguridad para defensores de derechos humanos, periodistas, así como para erradicar la violencia contra la mujer.

El jueves de esa larga semana, el 8 de marzo, Olivier de Schutter, relator especial para el Derecho a la Alimentación, presentó sus informes sobre México, China y Sudáfrica al Consejo de los Derechos Humanos. Observa certeramente que 19 millones de mexicanos viven todavía en la inseguridad alimentaria. Reconoce que ha habido avances considerables gracias al programa Oportunidades en cuanto a transferencia de dinero en efectivo y alimentos a los grupos vulnerables, pero los avances no se han repartido equitativamente. Denuncia que el modelo de agricultura que privilegia a productores y regiones más ricas ha traído consigo graves impactos negativos para los grupos más vulnerables de usuarios de la tierra, además de una degradación generalizada del medio ambiente. Sobre los grandes proyectos de desarrollo, tales como los embalses y las minerías, apunta que han desplazado a numerosos campesinos mexicanos. Señala, además, la grave epidemia que nos hace el segundo país con más obesidad en el mundo, debido a los malos hábitos inducidos por las compañías de alimentos chatarra.

Con un grave deterioro de la seguridad humana global termina este sexenio. Los avances que hubo no lograron evitar que seamos uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos; un país donde la obesidad aumenta de la mano con la pobreza alimentaria. El balance no lo hace la oposición política nacional, viene de la propia Organización de las Naciones Unidas. Eso es lo grave.