San Cristóbal de Las Casas, Chis., 14 de marzo. Autoridades ambientales reiteraron amenazas de desalojo contra las comunidades San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, en Montes Azules, aunque no lo admiten oficialmente. El director regional, Francisco Javier Jiménez González, y el director de la reserva de la biosfera, Julio César Romi Cortez, ambos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, “mandaron a una persona del ejido Candelaria, quien llegó hasta los tres poblados con la encomienda de dar el recado de estos dos funcionarios diciendo: ‘que los tres pueblos sólo tienen una semana a partir del lunes 12, de aceptar el pago y salirse de las tierras que están ocupando, que de no hacerlo están listas las policías federal y estatales para desalojarlos’”.

Esto lo denunció la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC-UUID), a la que pertenecen esos poblados, ubicados dentro de la llamada zona lacandona, con cuyas autoridades de bienes comunales llegaron a un acuerdo directo, entre comunidades, que ahora los funcionarios pretenden violentar. Se sabe que el gobierno e inversionistas privados planean impulsar proyectos turísticos y otros negocios permitidos por la ley dentro de la selva reservada. Y para eso, las poblaciones indígenas estorban.

Firmada por la presidenta de la ARIC-UUID, Vicenta Méndez Ruiz Salvador Lorenzo, la denuncia expresa: Tras más de 35 años de conflictividad agraria entre los bienes comunales zona lacandona (BCZL) y los tres poblados asentados en terrenos de la zona, llegamos a un acuerdo de conciliación que terminó con el conflicto agrario y el reconocimiento por parte de los BCZL de las posesiones de nuestros tres poblados.

En consecuencia, las autoridades ejidales de la zona lacandona solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria que, conforme a lo establecido en la ley agraria, en su artículo 93, procediera a expropiar sus terrenos y entregarlos a los hermanos tzeltales y tzotziles de los tres pueblos.

Los dos grupos hemos caminado conjuntamente exigiendo justicia, y hasta el momento sólo hemos encontrado omisiones y amenazas de desalojar a los tres pueblos. La última, refieren, llegó el 11 de marzo.

Ante ésta, violatoria de los artículos 1, 2 y 27 de la Constitución Política, la ARIC-UUID responsabiliza a los secretarios federales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en general al Estado mexicano, por las acciones que han venido implementado, como las amenazas y las omisiones en las que han incurrido al no dar respuesta a la solicitud de regularización vía la expropiación agraria, conforme a los acuerdos alcanzados.

La organización advierte: No permitiremos un desalojo más, el derecho y la razón nos asisten como pueblos indígenas y conforme a nuestros derechos humanos. Además, les recordamos, somos descendientes y herederos del pueblo maya, que habitó y vivió de estas tierras desde antes de la colonización.