Organizaciones no gubernamentales (ONG) impulsarán en México la creación de una ley de insolvencia familiar, ante el grave aumento de los hogares mexicanos endeudados.

La legislación permitiría a las familias renegociar su deuda sin depender de la buena voluntad de las instituciones financieras, sino a través de un proceso establecido y regulado por alguna entidad, informó este miércoles Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor, en una conferencia de prensa.

Al menos otras cinco organizaciones como AlConsumidor, Colectivo Ecologista Jalisco, Consumidores por los derechos del consumidor y contra los monopolios, El Barzón, Iniciativa Ciudadana y la Red Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, presentarán a la siguiente legislatura un anteproyecto.

La deuda de los hogares mexicanos llegó a 2 billones 168 mil millones de pesos, cifra equivalente a 14 por ciento del producto interno bruto, como resultado de la falta de educación de los usuarios y por la irresponsabilidad de las instituciones en el ofrecimiento de créditos al consumo u otros préstamos. Además, casi 30 por ciento de los ingresos de los hogares mexicanos están comprometidos con los bancos, afirmó Calvillo.

La irresponsabilidad incluye el otorgamiento a los clientes de información confusa y poco clara sobre las condiciones de pago de los servicios o bien la creación de cláusulas abusivas.

Es un contexto grave de deterioro de las condiciones sociales del país y aumentará la gravedad de otros fenómenos como la violencia, manifestó el dirigente.

La ley de insolvencia, la cual está vigente en Colombia y se discute en Argentina, Brasil y El Salvador, protegerá a las familias para cubrir sus deudas por pérdida de empleo, incapacidad permanente o temporal, por enfermedad con gastos excesivos, muerte de cónyuge o por gastos imprevistos.

Calvillo afirmó que, a través de Consumers International, la propuesta será llevada a la reunión del G-20 el próximo junio, en el marco de una campaña internacional por servicios financieros seguros, justos y competitivos iniciada por aquella organización mundial en 2010.

El G-20 tiene una importante agenda de los consumidores y los excluidos de los servicios financieros mexicanos, pero preocupa la inclusión financiera, expuso Calvillo.

Uriel Vargas, coordinador de comunicación de El Barzón, dijo que el G-20 debe impulsar regímenes más estrictos para la actividad bancaria.

Adriana Labardini, de la asociación AlConsumidor, informó que en abril habrá una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, en Washington, para que la voz de los consumidores sea escuchada en la elaboración de los lineamientos de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos sobre la protección ante las firmas financieras.