En respuesta a la demanda de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, este jueves la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República presentará al pleno la iniciativa de ley que crea el mecanismo de protección a activistas y comunicadores.

Rubén Camarillo (PAN) presidente de esa comisión legislativa, se reunió ayer con representantes de organizaciones civiles de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, entre otras, y les informó que esta iniciativa lanza un mensaje muy claro y contundente de que el Estado mexicano y uno de sus poderes queremos y tenemos que hacernos cargo de la vulnerabilidad en que se encuentran defensores y comunicadores.

El director del Centro Pro, José Rosario Marroquín, señaló por su parte que las agresiones a activistas han sido constantes. Hemos tenido cambios de gobierno, pero los ataques no cesan. De 2008 a 2011, de acuerdo con cifras de Acción Urgente a Defensores, se han registrado 317 casos.

Hasta hoy, subrayó Marroquín, los esfuerzos han sido insuficientes, no han bastado, de pronto tropiezan con una serie de obstáculos. La Federación se excusa diciendo que esas agresiones, ocurridas en el interior del país, son responsabilidad de los estados, y éstos dicen que es un expediente que compete a la Federación.

Rogelio Hernández, de la Casa de los Derechos de los Periodistas, dijo que por el creciente agravio a comunicadores hemos abierto 52 expedientes de agresiones contra ellos, y la cifra no disminuye.

Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que este mecanismo pretende garantizar la vida de defensores y periodistas; busca garantizar que el Estado mexicano  atienda y respete los derechos humanos. Se trata de implementar medidas concretas de prevención y programas para reducir los factores de riesgo.

Las organizaciones civiles coincidieron en manifestar que “el mecanismo que se propone en la iniciativa referida cumple con los estándares internacionales de protección a las garantías, con las recomendaciones de la ONU y de la CIDH.