a ominosa propuesta del Partido Verde Ecologista de privatizar cárceles y prisiones se inserta en la lógica rentista y depredadora de lo público que ha dejado desde hace 30 años la economía nacional en la ruina. La situación de horror que cotidianamente se vive en los centros penitenciarios y que en días pasados se manifestó con suma crueldad en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, no se debe a su gestión pública, sino precisamente a que los gobiernos federal y locales han abdicado a la rectoría estatal en favor de actores privados y poderes fácticos. Está demostrado, además, que las prisiones privadas tienden a ser más violentas y corruptas que las públicas, operan con personal mal capacitado, de bajos salarios y con una alta rotación, lo que hace que el trato hacia los reos muestre continuos abusos a sus derechos humanos más básicos.

Este tipo de iniciativas hoy encuentran su máxima expresión en la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), firmada por Felipe Calderón el pasado 16 de enero. Esta ley implica la consolidación del proyecto neoliberal que ha gobernado el país mediante corruptas e ineficientes privatizaciones que desde los años 90 Carlos Salinas usó para dar poder a amigos, monopolizar mercados y destruir la competencia y la competitividad de la economía. Hoy la LAPP demuestra que, más allá de los diferendos electorales coyunturales, los gobiernos de PRI y PAN han compartido un solo proyecto de desgobierno nacional.

La LAPP constituye la subordinación absoluta del interés público a las directrices de los intermediarios financieros e implica la institucionalización de la deuda, la ilegalidad y la corrupción. La reforma permite el establecimiento de contratos de largo plazo (hasta por 50 años o más) con empresas privadas nacionales e internacionales para que controlen directamente la infraestructura básica y la prestación de servicios de áreas estratégicas para el desarrollo del país en materia de salud, seguridad pública, comunicaciones, infraestructura, educación, etcétera.

El antecedente de este nuevo instrumento fueron los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), mediante los cuales la Secretaría de Hacienda, aprovechando subterfugios y recovecos legales, empezó a privatizar de forma ilegal desde 2003 amplios sectores de la infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales, centros educativos y hasta penitenciarios en diversos estados de la República. Pero este esquema no bastaba para las empresas monopólicas, porque todavía se tenían que gestionar por conducto de licencias, permisos y autorizaciones.

Con la LAPP ya no se tratará más de concesiones, sino de coinversiones, que exigirán menores obligaciones y compromisos con el interés público. La nueva ley asienta que a los proyectos públicos ya no les serán aplicables ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que incluyen controles orientados a fomentar cierto grado de transparencia y a impedir conflictos de interés. Hoy todo eso quedará sepultado.

Antes el sector público era quien determinaba la necesidad de llevar a cabo los proyectos de inversión. A partir de hoy se permitirá que el sector privado sea quien detecte las necesidades y presente motu proprio las propuestas. Así, los proyectos financiados con los recursos públicos se instaurarán sobre la base de incentivos financiero-mercantiles, en lugar de las prioridades públicas definidas en instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, los nuevos contratos de coinversión también podrán cederse (total o parcialmente) o darse en garantía en favor de terceros. En otras palabras, áreas neurálgicas para el desarrollo del país serán literalmente apostadas en las nuevas aventuras financieras o especuladoras de los inversionistas privados.

La LAPP no fomentará mayor inversión privada en los servicios públicos, sino todo lo contrario. Bajo el nuevo esquema, el Estado podrá financiar las inversiones económicas de privados hasta en 100 por ciento, así como decretar expropiaciones en favor de empresas privadas nacionales e internacionales. Todo ello implicará regresivas reformas a la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras. Asimismo, el pago de la deuda contraída por medio de estos proyectos será de liquidación prioritaria y obligatoria para el gobierno cada año, violentando así el poder de la Cámara de Diputados de recanalizar el gasto hacia áreas de mayor prioridad o interés social.

Otra innovación procedimental preocupante es la relativa a los avalúos. En el pasado, para los procesos de adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la consecución de los proyectos de desarrollo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales era el único autorizado a emitir avalúos. Con la LAPP, la banca privada, casi completamente extranjerizada, podrá elaborar nuevos avalúos que sin duda favorecerán el interés privado y sangrarán aún más al erario.

Calderón está de plácemes porque, con el discurso de buscar equilibrar riesgos entre el Estado y los agentes económicos privados, ha logrado consolidar el proyecto neoliberal de siempre, de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Urge que los mexicanos detengamos este desfalco al interés nacional inserto en esta nueva ley, que pone en riesgo la rectoría del Estado y el desarrollo nacional.

A la memoria de mi tío Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, guerrerense del mundo.

* Investigadora del IIS y Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM.

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