Durante 2013, el Ejecutivo federal pondrá a disposición de los gobiernos estatales y municipales cerca de 30 mil millones de pesos para que se destinen al desarrollo de diversos programas relacionados con la seguridad y la instrumentación de la reforma en materia de justicia penal, anunció el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Subrayó que en algunos casos los recursos están asociados al cumplimiento de las metas en materia de certificación de altos mandos y operativos de las corporaciones policiacas.

En rueda de prensa, el secretario señaló que la semana pasada comenzó la firma de convenios con los estados para poner a disposición 17 mil 300 millones de pesos que serán destinados esencialmente a cuatro rubros: fondo de aportaciones en seguridad pública; subsidio para la policía acreditable; subsidio a seguridad pública municipal y el programa de apoyos en materia de seguridad pública.

Al mismo tiempo, según acuerdo de la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, las entidades dispondrán de un financiamiento hasta de 12 mil 400 millones de pesos para la construcción de infraestructura y otros requerimientos asociados a la instrumentación de la reforma en materia de justicia penal. Dijo que ello implicará la construcción de juzgados y de penales que les permitan cumplir en el 2016 con la meta de que todos los juicios sean orales, como lo dispone la reforma constitucional.

En otro orden de ideas, cuestionado sobre el despliegue de seguridad para la visita de Benedicto XVI la próxima semana, Poiré destacó que el gobierno federal ha realizado ya los preparativos para que se desarrollen las actividades con seguridad plena y el orden y realmente por eventos sumamente eficientes en todos los sentidos. Cuestionado sobre su reunión con el secretario de Estado del Vaticano, dijo que se afina la agenda y en su momento, se darán a conocer los temas a tratar.

Al abundar sobre las partidas presupuestales en seguridad, dijo que el gobierno federal reconoce que es urgente acelerar los procesos y mecanismos de control de confianza y la depuración de los cuerpos policiacos; particularmente en este caso, porque la entrega de recursos de dos de estos fondos está directamente condicionada a la certificación, en esa materia, de los altos mandos de los cuerpos de seguridad de estados y municipios. Poiré agregó que en materia de seguridad pública nadie puede dar un paso atrás en este tema, que es de la más alta prioridad para los mexicanos.