urante el fin de semana pasado y en la jornada de ayer, un enésimo episodio del conflicto palestino-israelí ha cobrado decenas de vidas, casi todas de habitantes de la sitiada Gaza. La causa inmediata de la escalada ha sido el lanzamiento de misiles caseros sobre territorio israelí por grupos palestinos disidentes del gobierno local –en manos de Hamas–, que rechazan cualquier acuerdo entre esa representación y el régimen de Tel Aviv, en el contexto de las negociaciones para intercambiar un soldado israelí cautivo en Gaza por un millar de palestinos presos en Israel.
Como es característico en ese añejo conflicto, la desproporción de medios bélicos arroja un saldo de víctimas también desproporcionado: un muerto y cuatro heridos israelíes y al menos 24 palestinos fallecidos, entre combatientes y civiles. En estos días, a decir de Tel Aviv, los disidentes árabes han lanzado cerca de 40 cohetes artesanales sobre localidades israelíes. La mayoría de los proyectiles han sido destruidos en vuelo por los avanzados sistemas antimisiles de que dispone el Estado hebreo; éste, en cambio, ha emprendido ataques aéreos sobre la sobrepoblada franja y responsabiliza a Hamas por cualquier ataque lanzado desde ella.
La circunstancia pone de relieve una tercera inequidad: la que implica exigir a la dirgencia de un territorio devastado por la agresión militar y el bloqueo económico inmisericorde que contenga la exasperación de la población y ejerza sobre ella el control demandable a un gobierno constituido en pleno uso de sus atributos. El lanzamiento de misiles caseros sobre Israel es condenable por cuanto van inexorablemente dirigidos contra la población civil, pero otro tanto puede decirse de los bombardeos israelíes, perpetrados no por grupos clandestinos y autónomos, sino por una institucionalidad política de la que cabría esperar contención y la lucidez requerida para entender que cada nuevo ataque sobre Gaza es, a su manera, la siembra de futuros atentados contra localidades israelíes.
En efecto, ninguna de las mortíferas incursiones israelíes contra los territorios palestinos ocupados ha logrado erradicar el peligro en que se encuentran los pobladores de algunas regiones de Israel de ser blanco de ataques de organizaciones palestinas. No lo consiguió ni siquiera la criminal operación Plomo Fundido, lanzada contra Gaza en diciembre de 2008 y enero del año siguiente, la cual causó la muerte de más de mil 400 habitantes de ese territorio, 960 de ellos civiles y 320 menores de edad.
Salvo el exterminio de los palestinos, la única manera de poner fin a la añeja confrontación consiste en reconocer los derechos nacionales de un pueblo desterrado, masacrado, explotado y saqueado, otorgar compensaciones a los descendientes de los árabes que fueron despojados de sus tierras y hogares en el curso de la conformación del actual Israel en el viejo protectorado británico de Palestina, y permitir la constitución de un Estado en los territorios ocupados por Tel Aviv en 1967: Cisjordania, Gaza y la porción oriental de Jerusalén, la Al Qods palestina. De esta manera se daría cumplimiento a las resoluciones 242 y 338 de la Organización de Naciones Unidas. En tanto la clase política israelí no adopte ese camino, seguirá exponiendo a su población a los ataques palestinos y degradándose a sí misma en el atropello al derecho internacional, al sentido común y a los principios humanitarios más elementales.
