La Procuraduría General de la República (PGR) reveló este domingo que detectó, como parte de una indagatoria de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), una red de funcionarios y ex servidores públicos estatales y federales que colaboraban, en el estado de Coahuila, con miembros del cártel de Los Zetas a cambio de pagos mensuales que iban de 30 mil a los 500 mil pesos.

Hasta el momento, los fiscales de estas pesquisas han identificado a unos 12 servidores públicos vinculados con estos hechos, cuatro de los cuales ya fueron capturados y enfrentan procesos judiciales; otros cuatro se encuentran arraigados y dos más permanecen prófugos.

En conferencia de prensa, Cuitláhuac Salinas, titular de la Siedo, informó que la PGR ha realizado en días recientes cateos en 11 domicilios (nueve en Saltillo, Coahuila, y dos en Monterrey, Nuevo León), varios de los cuales han quedado asegurados.

Entre los servidores públicos que presuntamente están vinculados con Los Zetas se encuentra: Manuel Jesús Cícero Salar, Viejo loco, ex director de seguridad pública en Ramos Arizpe, actualmente preso, quien según la PGR recibía 500 mil pesos mensuales a cambio de informar a Los Zetas los lugares donde se realizarían operativos policiacos; Enrique Gómez Nava, Yaqui (aún prófugo), ex jefe regional de la anterior Agencia Federal de Investigación en Coahuila, quien según el expediente de este caso era el encargado de repartir la nómina entre el personal a su cargo para que dejara operar al grupo criminal en esa entidad y a cambio recibía 600 mil pesos mensuales, según mencionó Cuitláhuac Salinas.

Los otros funcionarios públicos son Sergio Tobías Salas, Tobogán, subdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, quien ya está preso; Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, agente de la policía ministerial de Coahuila adscrito al palacio municipal de Saltillo, también encarcelado, y Claudia González López, encargada de la Subdirección de Procedimientos Penales de la PGR en Saltillo, recluida.

De los cuatro arraigados se dijo que son dos elementos de la policía investigadora y uno de la policía estatal de Coahuila, así como un agente federal ministerial, cuyos nombres no fueron proporcionados.

Respecto de los funcionarios prófugos, el subprocurador refirió que además del Yaqui están en esa calidad Jorge Luis Balbuena Flores, Balbuena; Enrique González Nava y Humberto Torres Charles, Glenda, por quienes la PGR ofrece hasta 3 millones de pesos de recompensa a quien aporte datos útiles que permitan su localización y detención.