La próxima semana la Procuraduría General de la República (PGR) recibirá la demanda del Congreso federal para iniciar de inmediato la investigación por tráfico de influencia contra el ex gobernador de Baja California Eugenio Elorduy Walther y del actual mandatario local, José Guadalupe Osuna Millán, quienes participaron en expropiaciones y sus respectivas derogaciones, en el predio conocido como El Monumento, para favorecer a la trasnacional Sempra Energy.

La propuesta también contiene la demanda al Congreso de la Unión para que determine, con base en la normatividad aplicable y las pruebas existentes, si es procedente la instauración de un juicio penal, un juicio político o de otra naturaleza contra Elorduy Walther, por su participación directa en beneficio de Sempra Energy y en perjuicio de  su competidora Marathon Oil.

El 5 de agosto de 2002, la empresa Gas Natural de Baja California presentó ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) una solicitud de permiso de almacenamiento de gas natural en la delegación Playas de Tijuana. El proyecto fue respaldado financieramente y con la asistencia, capacidad técnica y operativa de Marathon Oil Company.

La Comisión Reguladora de Energía procedió al análisis del proyecto y, considerando que la solicitante cubría plenamente los requisitos exigidos, procedió a emitir el 30 de abril de 2003, la resolución RES/074/2003, favorable a Gas Natural de Baja California. Y le solicitó que presentara antes del inicio de operaciones el documento suscrito con Marathon Oil Company, donde ésta se comprometía a proporcionar la asistencia técnica al sistema de almacenamiento, con duración de al menos cinco años.

En ese momento del proceso Elorduy Walther, entonces gobernador de Baja California, intervino para evitar que Marathon Oil se instalara en Tijuana, porque ponía en riesgo una multimillonaria inversión para instalaciones similares de regasificación en la vecina Ensenada por la empresa Sempra Energy, con la cual se encontraba relacionado.

De tal forma publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 27 de febrero de 2004, en el cual se determinaba la expropiación, en favor del Poder Ejecutivo del estado, de una superficie de 998 mil 773 mil 178 metros cuadrados, y una de 7 millones 479 mil 348 metros cuadrados del mismo predio El Monumento que, según el acuerdo expropiatorio, se destinarían a la creación de áreas y terrenos propios de la industria, vivienda, comercio, industria turística, equipamiento, infraestructura y reservas territoriales.

Tras esa determinación gubernamental, que obstaculizó el proceso aceptado por las autoridades federales que concedieron la autorización a Gas Natural de Baja California y a Marathon Oil, se descubrió que Elorduy y su hija Erika Elorduy Blackaller eran socios de Sempra Energy, a la que finalmente benefició mediante un decreto oficial, y teniendo como intermediaria a la empresa Próxima Gas, que una vez concretado el tráfico de influencias fue absorbida por Sempra.

Elorduy poseía una participación accionaria en Próxima Gas SA de CV, y se constituyó en fiador para el otorgamiento de un crédito en proporción a su participación accionaria en esa empresa