n su presentación del proyecto Un México para todos, realizada el pasado 7 de febrero en un evento al que asistió Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas planteó un conjunto de propuestas importantes, destinadas a cambiar el rumbo que ha llevado al país a la situación de desastre en que actualmente nos encontramos. He seleccionado dos de carácter económico –cuya importancia y valor considero centrales por su relevancia para el futuro del país– para hacer una breve descripción de ellas. En la primera, Cárdenas propone el desarrollo de una banca mexicana orientada a impulsar nuestro desarrollo industrial competitivo a escala mundial y a elevar la capacidad de compra de un amplio sector de la población; en la segunda, plantea una reforma impositiva orientada a terminar con la explotación irracional de nuestro patrimonio, como sustituto de los recursos fiscales que el gobierno debiera obtener de las empresas que operan en México, a las cuales han sido abiertos nuestros mercados sin que se haya establecido esquema alguno para la retribución compensatoria ante los beneficios que eso les reporta, beneficiándolas adicionalmente con exenciones que ningún otro país otorga y que han sido lesivas a los intereses nacionales.

La primera vez que escuché a Cárdenas hablar del establecimiento de una banca mexicana fue en 2005, en una reunión privada con dirigentes industriales, que de inmediato mostraron su molestia ante la idea de una nueva nacionalización de la banca, como la realizada por López Portillo en 1982. “No se trata de eso –respondió Cárdenas–, mi idea es la de una banca que ofrezca a las empresas mexicanas condiciones de crédito similares a las que tienen las firmas norteamericanas que operan en nuestro país, de manera que la competencia que puedan dar, aquí y en Estados Unidos, se dé en condiciones equitativas; sólo así las empresas mexicanas podrán competir y vender sus productos, no sólo en México, sino en los mercados mundiales. Si los bancos que actualmente operan aquí no pueden o no quieren hacerlo en esas condiciones, debemos buscar otros o convocar a su formación; esa es la banca mexicana que necesitamos. Una banca que lejos de ver a México como una zona de privilegio, nos vea como una nación que les puede proporcionar beneficios si la apoyan en condiciones de equidad como las que aplican en sus propios países. Desde luego, sería interesante que su capital fuera de origen mexicano, pero esto no es lo más relevante”.

El mensaje fue claro, contundente y bien recibido por los industriales, quienes aplaudieron con entusiasmo la propuesta, la cual sigue siendo igual de válida el día de hoy, en el que los bancos continúan viendo a México como un país de grandes utilidades, al que hay que explotar de todas las maneras posibles, imponiendo las tasas de crédito más altas, mientras se pagan los intereses más bajos a los ahorradores, promoviendo el crédito al consumo, más que a la producción, y fijando las tarifas más altas para los diferentes servicios financieros que prestan. Para la gran mayoría de mexicanos que necesariamente hacemos uso de la banca, que sufrimos sus abusos continuos y que no tenemos ninguna opción para librarnos de ellos, la existencia de un gobierno fuerte que exija un trato igualitario al que ofrece la banca en las naciones con economías más fuertes que la nuestra, puede constituirse en un motivo de simpatía y apoyo, que López Obrador debiera tomar en cuenta, integrándolo de manera clara a su programa de gobierno, sin tener ninguna reticencia en ello, pensando en la posible enemistad de los banqueros, que saben de antemano los beneficios que pueden obtener de la economía mexicana aun operando en condiciones de menor trato privilegiado del que han venido gozando.

La segunda propuesta de carácter fiscal es esencial para activar la economía y terminar con la política absurda de lapidar el patrimonio nacional, en aras de supuestos espejismos de crecimiento económico, atrayendo capitales extranjeros para establecer empresas que operen con excedentes importantes, pagando impuestos muy bajos y, si es posible, nulos, a cambio de generar empleos. En las naciones modernas, la atracción de inversiones se da a partir de las dimensiones de los mercados que ofrecen, de la infraestructura con que cuentan y del nivel de preparación real de su población trabajadora, no por las exenciones de pago de impuestos, eso ya no es un atractivo importante para las empresas tecnológicas, más interesadas en contar con personal capacitado y con la infraestructura necesaria para lograr altas tasas de competitividad; para ellas la existencia de tasas impositivas reducidas implica malos servicios de esos gobiernos y personal mal preparado. Nada de esto ha sido comprendido por nuestros últimos gobiernos, que por ignorancia o mala fe han frenado el desarrollo económico y social del país, reduciendo los niveles de gasto en la educación y en los servicios médicos y sociales plasmados en la Constitución, empantanando la economía y haciéndonos cada vez más vulnerables ante la dependencia actual del petróleo, en lugar de pensar en una economía real más diversificada. Desde luego que el incremento de los impuestos a las empresas, y de manera especial la gravación a las operaciones bursátiles, no le traerá amigos entre las minerías privilegiadas, quienes seguramente buscan la forma de retener sus grandes privilegios, pero eso es asunto de negociadores, como los que se utilizan en otras naciones, pues esto es algo que sucede en todo el mundo y lo que todas las naciones deben aprender a hacer.

Con estas dos medidas de política económica, que Cuauhtémoc Cárdenas viene planteando desde años atrás, López Obrador puede mejorar significativamente sus posibilidades de ofrecer un programa de gobierno dinámico y con resultados diferentes y esperanzadores para todas las regiones del país, sólo que antes habrá que ganar las elecciones, contra rivales ciertamente desprestigiados, pero con un respaldo económico que no es posible ignorar ni menospreciar. De eso, desde luego, habrá mucho por hacer y corregir en las próximas semanas.