El proyecto de ley sobre controversias derivadas de la atención médica aprobada en la Cámara de Diputados atenta contra el libre ejercicio de la profesión médica, omite considerar que los rezagos en la atención a la salud de las personas se deben a la falta de infraestructura y equipamiento, así como a la sobresaturación de los servicios públicos del país, señalaron el Colegio Médico de México y la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología.

Advirtieron que de aprobarse en el Senado de la República, la propuesta de ley servirá sólo para instar a los médicos a ejercer una medicina defensiva solicitando estudios de laboratorio y gabinete excesivos, a fin de prevenir cualquier demanda por negligencia.

La Cámara de Diputados aprobó el 9 de febrero la iniciativa presentada por Miguel Osuna Millán, presidente de la Comisión de Salud, con la cual se plantea incrementar las facultades de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), para que conozca sobre las quejas presentadas por los usuarios de los servicios sanitarios e incluso investigar de oficio las situaciones donde presuntamente se haya afectado la salud o la vida de los pacientes.

La minuta turnada al Senado señala que los prestadores de servicios deben entregar a la Conamed el expediente clínico y la información que les sea requerida a fin de determinar si los enfermos recibieron la atención médica adecuada, empezando por la integración de su expediente y los procedimientos clínicos idóneos.

Actualmente la Conamed funge como un mediador de buena voluntad entre el médico y el paciente.

Para el Colegio Médico de México y la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, la iniciativa de ley es intimidatoria y pasa por alto los derechos de los profesionales de la salud.

En una carta enviada a Osuna Millán, el presidente del Colegio Médico, Ramón Murrieta González, cuestionó al legislador que en lugar de atentar contra el ejercicio libre de la profesión, no busque mayores inversiones para el sistema nacional de salud y leyes que sancionen a los depredadores del presupuesto.

Señaló el caso específico del Issste, donde, dijo, hace falta una normatividad para evitar que persistan compras de medicamentos que la OCDE califica de ineficaces.

Al diputado, señala la misiva, no le interesa mejorar las instalaciones y el equipamiento de los servicios de urgencia para evitar rezagos en la atención. Le interesa que se castigue al médico que, después de 20 o 30 pacientes atendidos en un turno, cometa un mínimo error.

A su vez, Olga Elena Ponce Frescas, presidenta de la Federación de Anestesiología, resaltó en una carta enviada al senador Ernesto Saro, presidente de la Comisión de Salud, que se pretenda vulnerar los derechos de los médicos que en las instituciones públicas laboran con alto grado de estrés, porque a causa de las carencias, en los hospitales no se garantiza la calidad y la seguridad de los pacientes.