El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que propone la liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassez, generó controversia en la Cámara de Diputados, donde se demandó abrir una investigación de fondo al papel desempeñado por Genaro García Luna cuando fungía como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y permitió “una telenovela en directo para que Televisa transmitiera un falso operativo de captura de una banda de secuestradores”.

En el Senado, legisladores de PRI y PRD avalaron el proyecto de Zaldívar. El priísta Francisco Labastida advirtió que García Luna, ahora titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), puede ser llevado a juicio ante la Corte Penal Internacional por haber manipulado la escena, al recrear la captura de la francesa acusada de secuestro.

Por su parte, el PAN llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que se haga un ejercicio jurisdiccional verdaderamente integral, porque –dijo– también están las víctimas, los hechos acreditados y muchos elementos que sirvieron a los juzgadores para tomar la determinación que aprobaron.

Durante el debate que el caso de Cassez –sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro– generó en San Lázaro, diputados de PRI y PRD expusieron que en el montaje sí hubo violaciones a las garantías individuales de los involucrados, y no se debe sólo criticar al responsable –García Luna–, sino procesarlo.

Francisco Rojas Gutiérrez, Sebastián Lerdo de Tejada, Mauricio Toledo y Armando Ríos Piter, diputados de PRI y PRD, coincidieron en la necesidad de elaborar un análisis profundo del caso para no cometer errores legales que permitan generar un manto de impunidad en torno al titular de la SSP.

Al traste con el debido proceso

Si prospera el proyecto de Zaldívar, el Poder Judicial será el más perjudicado, porque se cuestionarían sus bases fundamentales como son las decisiones primigenias de sus jueces, expuso Mauricio Toledo.

Sebastián Lerdo de Tejada consideró que el ministro tiene razón. Por la información de la que disponemos, parece quedar claro que el montaje hecho por el gobierno dio al traste con las reglas del debido proceso, para condenar a quien presuntamente es una delincuente.

En el Senado, Rosario Green señaló que lo mismo que el gobierno mexicano exige a Estados Unidos ante los los migrantes juzgados en su territorio, debe aplicarse en el caso de Cassez, quien no contó con el auxilio de su consulado, ya que no se le dio aviso de inmediato y tampoco fue presentada ante el Ministerio Público al momento de ser detenida.

El perredista Carlos Sotelo comentó que el ministro Zaldívar ha puesto sobre la mesa la vieja discusión de que no se puede hacer justicia con ilegalidades y arbitrariedades, como ocurre todos los días en México.

Entre los senadores del PAN hubo disparidad de criterios, pues mientras Santiago Creel consideró que la Suprema Corte debe definir si hubo debido proceso, lo que es independiente de que sea culpable o inocente, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, dijo que en todo caso sólo debe reponerse el proceso judicial, pero no liberarla, ya que Cassez es culpable de secuestro.

De su lado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, calificó como atinado el proyecto de Zaldívar, en el cual se pone énfasis en la violación de los derechos consulares de Cassez y los vicios procesales del caso, lo cual corrompe el procedimiento y no hay forma de saber si la señora es culpable o no.

En Aguascalientes, Diego Valadés, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), indicó que en México también conocemos de derecho, como en Francia, como para reconocer los errrores y corregirlos.

Lo que he visto del proyecto que va a someter el minstro Zaldívar a la sala de la Corte es un razonamiento muy sólido, bien fundado, basado en derecho; Zaldívar es un jurista muy escrupuloso y muy puntual.

(Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Georgina Saldierna, Alejandro Cruz y Claudio Bañuelos)