on el fin de evitar que Marathon Oil Co se instalara en Tijuana y compitiera en la industria del gas natural licuado (GNL) con la empresa Sempra Energy, con la cual se encontraba relacionado el ex gobernador de Baja California Eugenio Elorduy, el 27 de febrero de 2004 se publica un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado en el cual se determina la expropiación, a favor del Poder Ejecutivo del estado, de una superficie de 998 mil 773.178 metros cuadrados, conformada por diversos predios y ubicada en el polígono denominado El Monumento, en la delegación municipal Playas de Tijuana. Estos terrenos, se dijo, serían para la regularización de la tenencia de la tierra y destinados a vivienda popular de grupos sociales de escasos recursos.

Con la misma fecha también se expropió una superficie de 7,479,348.288 metros cuadrados del mismo predio rústico El Monumento que, según el acuerdo expropiatorio, se destinarían a la creación de áreas y terrenos propios de la industria, vivienda, comercio, industria turística, equipamiento, infraestructura y reservas territoriales.

Eugenio Elorduy siempre ha negado que él o su hija Erika Elorduy Blackaller tengan o hayan tenido relación alguna con la empresa Sempra Energy. Ha manifestado, con desplantes propios de quien se siente impune, que no tiene cola que le pisen, y que si tuviera, ya se la habrían pisado, pero con los pelos de la burra en la mano, no con infundios ni con mentiras. En el colmo de su vulgaridad, terminó diciendo: ya nada más falta que me acusen de joto. Ante el enorme rechazo social por esta declaración, el ex gobernante tuvo que ofrecer una disculpa pública por su expresión homofóbica. Nadie ha acusado al ex gobernante por sus preferencias sexuales, pero de que es pillo, es pillo.

Las pruebas documentales de que Eugenio Elorduy siempre ha mentido deliberadamente al pueblo de Baja California no son infundios ni mentiras. Son evidencia contenida en la escritura 30,713 vol. 563 (9) cláusula tercera, expedida en su oportunidad por el licenciado Fernando Díaz Ceballos, notario público número 4 de Mexicali, BC.

Como gobernador y cómplice de Sempra Energy, Elorduy decide llevar a cabo la expropiación del predio El Monumento –sitio donde se instalaría Marathon Oil Company– con el propósito de impedir que esta empresa construya una planta regasificadora competidora.

La expropiación se realiza a favor del Poder Ejecutivo del estado en forma burda, desaseada y apresurada, lo que originaría el retiro de Marathon Oil Company de Baja California, debido al claro favoritismo y protección del gobierno hacia Sempra Energy, la cual vio así el camino libre para instalarse en las costas de Ensenada. La ciudadanía rechazaba la instalación de cualquier regasificadora en el estado, pero Elorduy hizo todo para favorecer ilegalmente a Sempra.

Eugenio Elorduy, así, se beneficia en forma múltiple: se deshace de Marathon Oil Company, un poderoso competidor; beneficia a Sempra Energy y, considerando que el predio El Monumento es expropiado a favor del Poder Ejecutivo, pero con tan mala forma que según diversos testimonios y debido a la situación irregular de los predios expropiados, se llegó a pagar a personas que no eran dueñas de terrenos en la zona.

He ahí el eje del fraude cometido al erario del gobierno del estado por Eugenio Elorduy, pues en la administración anterior, la del gobernador sustituto Alejandro González Alcocer, a través de su director jurídico del gobierno, el licenciado Raúl Corona Sesma, elaboró un estudio sobre el origen de la propiedad, Análisis jurídico-catastral de El Monumento, basado en datos recabados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California y en la Dirección del Catastro de Tijuana, en el cual no aparece ninguno de los nombres de las personas a quienes como supuestos propietarios se indemnizó arbitraria e ilegalmente, con aproximadamente 200 millones de pesos. Enorme desfalco a los recursos públicos, del que el ex gobernador Elorduy deberá, rigurosamente, responder ante un tribunal.

Incluso, tratando de componer el entuerto, el actual gobernador ha emitido, hasta ahora, dos acuerdos que dan marcha atrás parcialmente al acuerdo expropiatorio, generados porque particulares se han amparado en contra de la expropiación y ganado los correspondientes juicios, lo que ha obligado a la autoridad a restituir a los quejosos el pleno goce de sus garantías violadas. Uno, con fecha 25 de junio de 2010. Otro, con fecha 21 de octubre de 2011, publicado en el Periódico Oficial del Estado, que contiene el acuerdo del Ejecutivo en el que se deja sin efectos parcialmente el acuerdo expropiatorio de fecha 23 de febrero de 2004, mediante el cual se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7,479,348.288 metros cuadrados, 747.9 hectáreas.

¿A esos niveles de incompetencia ha llegado la administración estatal, que primero expropia para después tener que restituir lo expropiado? ¿Estamos jugando a gobernar? ¿A quiénes se indemnizó y por qué se omitió en ambos decretos expropiatorios el nombre del verdadero propietario? ¿Por qué nunca se cumplió, durante el gobierno de Elorduy, con el proyecto de desarrollar los inmuebles expropiados? ¿A título de qué razonamiento y justificación jurídica o económica el gobierno de Osuna Millán invalida, abrogándolos, ambos decretos expropiatorios y no se castiga a nadie por dilapidar recursos públicos en pagos indebidos?

Baja California merece una explicación profunda sobre el costo de la expropiación. Queremos conocer hasta el último peso que erogó el gobierno del estado para pagar las indemnizaciones que debieron darse conforme a la ley, y quiénes fueron los beneficiarios. ¿Por qué tiene que pagar el pueblo de Baja California las acciones de los malos gobernantes que traicionaron la confianza ciudadana y se enriquecieron dolosa y cuantiosamente al amparo del poder? ¿Por qué darle impunidad y no castigar a quien entregó parte de nuestro patrimonio a una empresa trasnacional cuyo poder seguirá extendiéndose de no ponerle un alto?

Enhorabuena a los legisladores locales y federales que ya se aprestan a denunciar penalmente a este pilluelo.