Madrid, 8 de marzo. La cámara baja del Parlamento español dio luz verde a la controvertida reforma laboral del gobierno conservador de Mariano Rajoy, que había sido aprobada por decreto y cobró inmediata vigencia. La misma tiene por objetivo facilitar y abaratar despidos, al tiempo de permitir a las empresas rebajar salarios. Esta reforma del mercado laboral ha hecho desaparecer el contrato ordinario fijo, que tenía una indemnización de 45 días por año trabajado, y ha generalizado el contrato con una indemnización de 33 días. Entre otras cosas, también ha ampliado las causas por las que las empresas pueden acogerse al despido objetivo de sus trabajadores, con 20 días de indemnización.

Alineándose con el último informe económico del Banco de España, un artículo contenido en un informe publicado por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), apuntó que la reforma laboral aprobada por el gobierno generará más despidos en un clima de recesión económica. Según el artículo de Funcas, que ha cuestionado severamente a las agencias calificadoras de rating por ser oligopólicas, esta reforma carece de políticas activas que permitan afrontar los problemas que se deriven de la mayor flexibilidad interna en las empresas.

En medio de un recrudecimiento de la recesión, los cambios en los costos de despido pueden generar ahora más despidos (por mucho que a mediano y largo plazos el cambio introducido sea deseable), señaló el artículo publicado en los Cuadernos de Información Económica que bimensualmente difunde la fundación de las cajas de ahorros.

Con la convalidación de la reforma laboral Rajoy obtuvo su primera victoria parlamentaria, aunque los sindicatos ya se han movilizado y podrían anunciar mañana viernes la fecha de una huelga general en una España con casi 5.3 millones de desempleados, 22.85 por ciento de la población activa.

Espero que cuando empiece a repuntar la actividad económica, (la reforma) sea útil para el gran objetivo de la creación de empleos, declaró el presidente del gobierno.

La convalidación la apoyaron los nacionalistas catalanes de CiU y dos fuerzas minoritarias cercanas ideológicamente al Partido Popular (PP) de Rajoy. En contra votaron el resto de los grupos parlamentarios.