Al participar en el foro Cadenas delictivas, organizado por el Senado, especialistas e integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, del Centro de Estudios de Política Criminal y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestaron que la propuesta del presidente Felipe Calderón de reformar los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales para sancionar los actos concatenados para cometer delitos, no debe aprobarse como fue presentada, porque representa un peligro, ya que se puede condenar a cualquier persona sin que haya cometido delito.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, dijo a los senadores: La iniciativa que mandó el Ejecutivo es para hacer un frente eficaz contra la delincuencia organizada; pretende derogar y adicionar diversas disposiciones (...) con el objetivo de mermar las actividades que favorecen a las organizaciones de criminales a través de actos concatenados que conforman las cadenas delictivas que afectan a la sociedad en su conjunto.

Luego de escuchar a los expertos y académicos que se manifestaron por no aprobar en sus términos esas reformas, por los riesgos que implican para la sociedad, Ramos Flores subrayó: “Es de gran importancia para el Ejecutivo incluir en nuestro marco jurídico responsabilidad penal a quienes al amparo de actos que por sí mismos no constituyen un hecho delictivo –o que se considera de carácter leve– coadyuvan con los objetivos de la delincuencia organizada”.

Esto, abundó el funcionario, no implica que (la reforma penal propuesta) tenga que ser resuelta en los términos en los que fue presentada; pueden (los legisladores) fortalecerla, mejorarla y si fuera necesario suprimir alguna parte háganlo, pero se requieren estos elementos para sancionar a quienes ayuden al crimen organizado.

Entre éstos mencionó a quienes realizan bloqueos viales en apoyo a bandas del narcotráfico, funcionarios de aeropuertos que apagan monitores para revisión de maletas con armas o droga y empleados bancarios que no reportan operaciones de lavado de dinero.

A su juicio, todos ellos incurren en respaldo al crimen organizado y deben ser juzgados por confabulación o facilitación delictiva, los nuevos tipos penales propuestos en la iniciativa presidencial.

Sobre lo anterior, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer (PAN), al clausurar el foro aseveró que la iniciativa tal como está planteada, y en manos de nuestros actuales cuerpos policiacos y de investigación, puede ser un arma muy delicada y filosa, porque se podría culpar a cualquiera de cometer delitos que no ha cometido, o que cometió bajo amenaza y hasta sin saberlo.

La pregunta que intenta responder este foro, dijo el legislador, es si es posible dar un cuchillo filoso a quienes sabemos que lo van a utilizar mal, porque se puede culpar a cualquiera; es el caso de quienes son forzados a atravesar un camión en una avenida transitada para que el crimen organizado cometa un delito, el que sea, y ellos, los que fueron obligados, van a ser acusados; eso es lo polémico. En lo personal difiero de esa idea porque rompe con el tradicional derecho penal, que es el que busca castigar a quien comete un delito dolosamente.