Para Agustín Acosta Azcón, uno de los abogados mexicanos que defienden a Florence Cassez, la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 fue fundamental para que el ministro Arturo Zaldívar redactara su proyecto de resolución en el que propone amparar a la francesa acusada de tres secuestros.

Sobre los testimonios que inculpan a Cassez (tres declaraciones de quienes fueron víctimas de secuestro), el penalista aseguró que ha quedado acreditado (en el proceso judicial) que estas víctimas formaron parte del montaje que perjudicó a Florence. Abundó que los testimonios que incriminan a Cassez están contaminados, lo cual no puede admitirse en un sistema de debido proceso; no podrían pasar por el filtro de un jurado porque están contaminados.

Estos testigos intervinieron en el montaje. En un inicio, dos de ellos dijeron que no reconocían a Florence. Pero luego de agradecer al jefe de la policía su liberación, (éste) les pide que denuncien penalmente (a la ciudadana francesa), en un claro caso de inducción de testimonios. Esos testigos no pueden tener credibilidad, el montaje contamina el proceso y esto es fundamental, no puede permanecer inocuo y no tener impacto en un procedimiento; no es un tema de la nacionalidad, sino de justicia, dijo Acosta.

Insistió en que esos tres testimonios son las únicas pruebas que la incriminan, en tanto que en el caso de portación de armas, se comprobó que hubo manipulación de la escena del crimen y no se hicieron las pruebas dactiloscópicas correspondientes.

El abogado mexicano dijo que el proyecto propuesto por el magistrado apela a principios fundamentales de la aplicación de justicia en México, por lo que confió en que esto resulte satisfactorio para que su defendida salga libre y regrese a su casa.

Dijo que de los cinco magistrados que integran la primera sala, al menos tres deben aprobar el proyecto y confió en que así será por muchas razones, porque la razón y la ley están de nuestro lado. Expuso que este no es un tema entre México y Francia, ni de la defensa de nacionalismos; se trata de un tema de defensa de derechos humanos.

En Francia, según reprodujo Afp, el abogado francés Frank Berton, contratado por los padres de Florence para coordinar a los defensores mexicanos, destacó que es la primera vez desde hace siete años que Florence tiene una opinión favorable (de las autoridades del Poder Judicial federal) en su expediente.