La ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y sentenciada a 60 años de prisión, debe quedar en inmediata y absoluta libertad, señala el proyecto de dictamen elaborado por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dos semanas antes de que el amparo presentado por Cassez sea discutido por los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN, Zaldívar hizo público ayer su documento en el que no se pronuncia sobre la inocencia de la acusada. Señala que debido a la violación del debido proceso en su contra y al montaje televisivo que realizó la Agencia Federal de Investigación –en aquel entonces dirigida por el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna–, las pruebas que la acusan carecen de fiabilidad.

En este asunto que generó una crisis diplomática con Francia, ya que el presidente Nicolas Sarkozy defendió siempre la inocencia de Cassez, lo que derivó que la cancillería mexicana cancelara el 14 de febrero del año pasado su participación en el Año de México en Francia, el ministro de la Corte sostiene que quedó acreditado que los agentes de la policía federal en lugar de presentarla al Ministerio Público, cuando fue detenida el 8 de diciembre de 2005, la llevaron al rancho Las Chinitas para realizar un montaje televisivo preparado por las autoridades, con lo que violaron su derecho fundamental a ser puesta a disposición inmediata del Ministerio Público.

Agrega que las declaraciones de las víctimas y de los policías que participaron en el montaje transmitido en televisión un día después son producto de una deformación de la realidad provocada por la propia policía federal.

En su dictamen cuestiona que a la francesa no se le permitió contactar de inmediato al consulado de su país, lo que violó sus derechos fundamentales como extranjera, a la notificación, contacto y asistencia consular.

La falta de una asistencia consular efectiva, indica el proyecto, impide a los extranjeros detenidos tener una comprensión básica del sistema penal al que se enfrentan, de los efectos que tiene la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones para contratar a un abogado local para crear una línea de defensa. Estos elementos tienen una importancia decisiva para evitar que el detenido quede en estado de indefensión.

Subraya en el proyecto de dictamen que “no hay justificación para haber retenido a la acusada en la propiedad referida, expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de mostrarla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de los tres secuestros. Además de que con el montaje sobre hechos que nunca ocurrieron, se pretendió causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso penal.

Enfatiza que no pretende censurar lo que informa la prensa sobre los acontecimientos que resultan del interés nacional; censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo.

Cabe señalar que el documento no se pronuncia sobre las pruebas en contra de Israel Vallarta Cisneros, el otro detenido y novio de la francesa.

El caso Cassez acaparó la atención en la visita que Sarkozy hizo a México en marzo de 2009, ya que el gobierno de Francia había advertido meses antes que este asunto afectaría la relación bilateral, porque se trataba de un caso de denegación de justicia y que además, su gobierno no abandonaría a su compatriota.

Para tratar de distender la situación, Sarkozy y Calderón acordaron crear una comisión binacional de juristas, para estudiar si la acusada podía ser expatriada a su país para purgar allá su sentencia.

Sarkozy dijo en la conferencia ante su homólogo mexicano: No vengo a impugnar la justicia mexicana (...) Si hay una transferencia, será de una prisión mexicana a una prisión francesa.

Sin embargo, el 17 de febrero de 2011, la cancillería mexicana ratificó que Cassez cumpliría su sentencia de 60 años de prisión en México, ya que por diferencias entre los sistemas jurídicos de ambos países, no podía ser enviada a Francia.

Esto, en respuesta a las declaraciones del vocero del gobierno francés Francois Baroin, quien días antes había pedido a México respetar los convenios internacionales que había firmado, en alusión al Convenio de Estrasburgo, el cual abría la puerta para que estando en su país, Cassez pudiera quedar en libertad.

El asunto no sólo levantó polémica a escala internacional, aquí hubo quienes se manifestaron en favor y en contra de la ciudadana francesa. Ante la polémica que generó este asunto, como es el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia; de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, las cuales presentaron un recurso de amicus curae ante la Corte en el que señalan que el respeto al debido proceso es un imperativo en la administración de justicia, las pruebas obtenidas de manera ilegal y la indiferencia frente a las irregularidades presentes en este asunto sientan un precedente contrario a los principios que rigen nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que exhortaron a la Corte a actuar en consecuencia.

Está previsto que la primera sala de la Corte, integrada por Zaldívar, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo revisen el proyecto de dictamen el 21 de marzo.