A unas horas de la comparecencia del secretario de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, ante la Cámara de Diputados, esa dependencia ha recuperado menos de 0.004 por ciento del monto de las sanciones económicas que ha impuesto a servidores públicos.

Según se desprende de datos proporcionados por la SFP, en respuesta a una solicitud de información, esa dependencia ha impuesto, de septiembre de 2007 a diciembre de 2011, 3 mil 575 sanciones económicas por cohecho, corrupción y otras irregularidades administrativas, con un monto de 18 mil 842 millones 917 mil 726 pesos.

En los datos proporcionados el 22 de febrero pasado se precisa que lo recuperado, que va de 1995 a 2010, representa un monto histórico de 79 millones 292 mil 336 pesos (0.004 por ciento), convertidos a créditos fiscales, lo cual significa que esa cantidad puede estar todavía en litigio por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). .

A su vez, el SAT informó a la SFP que en el periodo de referencia realmente se han recuperado 15 millones 963 mil pesos.

Las razones por las cuales se ha obtenido tal cantidad son –según las claves que dio el SAT– las siguientes: 60A, asunto terminado por pago; 60B, asunto terminado por aplicación del producto del remate o enajenación; 60C, asunto terminado por dación en pago; 60D, asunto terminado por adjudicación en favor del fisco federal; 60E, asunto terminado por compensación; 60G, asunto terminado por efectividad de la garantía; 60H, asunto terminado por condonación parcial; 60K, asunto terminado por baja; 60 L, crédito c/remanente incobrable post, formas todas ellas en que pudo haberse cobrado o ingresado al erario federal.

No obstante que los daños al erario son superiores a 18 mil millones de pesos, no existe a la fecha una sanción de tipo penal, salvo en muy contadas ocasiones, y esto se ilustra con la respuesta que dio la SFP, la cual indicó que del primero de diciembre de 2006 al 8 de diciembre de 2011, los resultados obtenidos derivados de las denuncias presentadas contra funcionarios que han causado daños al Estado hasta por miles de millones de pesos, llegan a sólo 112 sentencias condenatorias.

Respecto de las sanciones que en general se han impuesto en este sexenio, la SFP reportó que del 28 de septiembre de 2007 al 8 de diciembre de 2011 ascendieron a 37 mil 957. Las sanciones pueden ser desde una llamada de atención en privado o pública; suspensión en el cargo en el gobierno federal por días, meses y hasta 12 años, y la inhabilitación permanente.