El Senado aprobó ayer en comisiones el dictamen que crea la fiscalía nacional dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la corrupción pública, así como para investigar y perseguir el lavado de dinero.

La fiscalía combatirá en forma paralela y eficiente el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.

Durante la discusión del dictamen, el senador panista Ricardo García Cervantes explicó que esta fiscalía tendrá facultades de investigación y podrá actuar de oficio contra autoridades federales, estatales y municipales, así como particulares vinculados con el crimen organizado o con funcionarios públicos en operaciones de dinero ilícito o lavado de dinero.

En el dictamen aprobado ayer se precisa que la fiscalía actuará de oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la unión, de las entidades federativas u organismos constitucionales autónomos, y solicitará a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión en contra de los inculpados, al presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos.

Dicho organismo estará facultado para buscar que los juicios se sigan con toda regularidad, con el propósito de que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en los procesos que la ley determine.