La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados propondrá un nuevo modelo de impartición de justicia que otorgue independencia a los jueces, y separe de manera definitiva y sin excepciones las funciones jurisdiccionales de las administrativas y de gobierno, que en el Poder Judicial Federal de México continúa desempeñando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El priísmo en San Lázaro presentó un nuevo diseño institucional para la organización del Poder Judicial de la Federación, cuya aprobación requerirá de un proceso de búsqueda de consensos para emprender la reforma constitucional necesaria en la materia.

Ricardo López Pescador, representante de ese partido y autor de la propuesta que se encuentra en las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales, expuso que frente al fortalecimiento de los grupos delictivos que han evidenciado una vasta red de complicidades con funcionarios del Poder Judicial, y la ineficacia del aparato de seguridad nacional y de las políticas públicas para mejorar las áreas de procuración e impartición de justicia, es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal asuma en plenitud las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, para garantizar la independencia de los jueces.

También se pretende que por primera vez desde la promulgación de la Constitución de 1917 se administre, fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, el estatuto del Ministerio Público Federal.

La propuesta incluye una recomposición del Consejo de la Judicatura Federal, para que se integre por 11 consejeros, uno de los cuales lo presidirá, por periodos de dos años. De los 11 miembros, seis, es decir, la mayoría surgirán de la rama judicial, dos serían designados por el presidente de la República y tres por el Senado.

Las tres propuestas del Poder Legislativo deberán provenir de la actividad profesional independiente, de la academia y del servicio público no judicial, para cumplir con el propósito de evitar la toma de decisiones con visión parcial.

Dicha circunstancia pone en situación muy vulnerable a los ministros, en la medida en que cualquier error o alguna decisión que se estime inoportuna, en la administración de recursos públicos podría utilizarse como medida de presión, por los factores reales de poder para orientar la resolución tendenciosa en casos difíciles y sujetos a interpretación, además del natural conflicto de intereses que se generan con esa función no jurisdiccional, resaltó.

Así el Consejo de la Judicatura Federal sería reformado en materia de administración, vigilancia, disciplina y presupuestal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Incluso, cambiaría el sistema de elección de los magistrados electorales que integran las salas regionales, para que los designe el Consejo de la Judicatura Federal, mediante procedimientos objetivos, imparciales y transparentes, eliminado así la participación de los órganos políticos, que actualmente concurren para su nominación, es decir, el presidente de la República y el Senado.