onforme fluían los resultados de la elección presidencial de ayer en Rusia, se confirmaba la victoria del ex presidente y actual primer ministro de ese país, Vladimir Putin, quien obtuvo, según conteos preliminares, 64 por ciento de los votos. Con ello, el candidato del partido Rusia Unida, quien ya gobernó la nación euroasiática entre 2000 y 2008, volverá al Kremlin de aquí a 2018, e incluso podría extender su mandato a 2024 si consigue la relección dentro de seis años.

Como ha ocurrido en forma sistemática en las anteriores ocasiones en que Putin resultó electo, en 2000 y 2004, la jornada de ayer estuvo marcada por denuncias de inequidad y fraude en favor de Rusia Unida. El candidato comunista Guennadi Ziuganov, cuyo partido, según números oficiales, obtuvo 17 por ciento de los sufragios, sostuvo que los comicios no han sido limpios, ni justos, ni transparentes, y advirtió que vamos a aumentar la presión callejera e intelectual, por lo que es de suponer que habrá movilizaciones en protesta por el triunfo de Putin.

El derechista Mijail Projorov, quien quedó en un lejano tercer lugar con poco menos de 7 por ciento de los votos, dijo haber contabilizado miles de irregularidades entre las que destacan el transporte masivo de electores y la proliferación de urnas con votos falsos.

No cabe llamarse a sorpresa por la multiplicación de estas acusaciones, habida cuenta de que la Rusia contemporánea arrastra marcadas innercias antidemocráticas que datan desde tiempos de los zares, se reconfiguraron en la URSS pocos años después de la revolución de 1917 y, si bien se vieron interrumpidas brevemente durante los años de la Perestroika, entre 1985 y 1990, reaparecieron durante los gobiernos de Boris Yeltsin y del propio Putin. Uno de los componentes centrales de esa tradición autoritaria ha sido, precisamente, el empleo faccioso de los recursos públicos y las distorsiones a la voluntad popular realizadas desde la Presidencia para perpetuar al grupo gobernante.

Pero con todo y las inocultables anomalías registradas en los comicios de ayer y en los meses previos, si algo pone en relieve la abrumadora diferencia entre el candidato vencedor y sus competidores es la dispersión del voto opositor en el vasto y heterogéneo territorio ruso, así como la ausencia de liderazgos y cuadros jóvenes que puedan disputar a Putin las preferencias de los sectores mayoritarios.

El resultado electoral obtenido ayer significa, para Putin y su partido, ahorrarse una segunda vuelta que habría implicado, si no el riesgo de perder el poder, sí al menos un desgaste político que de ninguna manera le habría convenido al futuro presidente ruso.

Luce difícil que Putin pueda ejercer su tercer mandato sin por lo menos escuchar las demandas de los sectores de la sociedad rusa que se han venido oponiendo a la perspectiva de un régimen de partido hegemómico y de un gobernante vitalicio; que son recurrentemente calificados en el discurso oficial de traidores y fuerzas financiadas desde el exterior, y que en diciembre pasado encabezaron las movilizaciones de protesta más intensas en la era postsoviética de Rusia.

Por último, la posibilidad de que la nación euroasiática sea gobernada durante casi un cuarto de siglo por un solo personaje –ya sea desde la formalidad de la investidura presidencial o por conducto de un ahijado político, como el actual presidente Dmitri Medvedev–, así como la recurrencia con que se denuncian fraudes electorales en las jornadas comiciales de la Rusia contemporánea, obligan a poner en entredicho el certificado de democracia otorgado al gobierno de Moscú por las potencias occidentales tras la caída del bloque soviético, reconocimiento que, según puede verse, no tuvo otro afán que justificar la vinculación del país más grande del mundo al mercado internacional y a las tendencias económicas definidas en el Consenso de Washington.