Para los pobladores de San Francisco Tlaltenco, en la delegación Tláhuac, la llegada de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) a esa zona ejidal ha ocasionado más daños que beneficios. Instalada en un área ecológica de 21 mil metros cuadrados –antes terrenos de siembra–, fabrica desde mayo de 2011 trabes (ballenas), pilotes, tabletas, cabezales y parapetos para la Autopista Urbana Sur (segundo piso), vialidad elevada que será de cobro, de San Jerónimo a Muyuguarda, en el sur de la ciudad.

En 11 meses de operaciones, ICA ha dejado ya una estela de afectaciones, de las cuales –aseguran los vecinos– no se ha querido responsabilizar o resolver al ciento por ciento, mientras las autoridades centrales y de la delegación Tláhuac, así como las procuradurías Ambiental y de Ordenamiento Territorial local, y la federal de Protección al Ambiente, la Comisión de Derechos Humanos capitalina y otras instancias –añaden los afectados–, conocen del problema pero los han dejado prácticamente solos en su lucha por defender su pueblo.

Reunidos en asamblea vecinal, los lugareños narran sus penurias, muestran fotografías y decenas de oficios enviados a todas las instancias posibles, y encabezan un recorrido con este diario para confirmar su dicho. Todo con la intención de que se reparen los daños y salga ICA.

Rosa Velázquez y Ariel Chávez tienen más de 40 años de vivir en San Francisco Tlaltenco, y la etapa más difícil –explican– empezó en mayo de 2011, cuando la planta de fabricación de columnas y trabes de ICA se trasladó a las faldas del cerro de Guadalupe, “y de verse antes ahí cultivos de tomate, calabaza y maíz hoy nomás se ve maquinaria y muchos trabajadores”, comenta Ariel.

Cerca de 700 obreros y al menos 20 grúas hidráulicas se mueven todo el día –con su incesante ruido– en el armado y desplazamiento de enormes piezas de concreto, algunas hasta de 400 toneladas, que por las noches se llevan –por las calles de San Francisco–, rumbo a la zona donde se construye la Autopista Urbana Sur.

Eduardo Velázquez y Yenni Barajas, también oriundos, muestran las cuarteaduras que marcan sus salas, cuartos, cocinas, patios, pisos y baños, y como éstas –dicen– hay más de 40 viviendas en iguales circunstancias. Su desgracia fue haber tenido su domicilio frente a las instalaciones de ICA, en la avenida San Francisco.

Jacqueline Faustino y Lourdes Meza precisan que el lugar donde está la empresa es área natural protegida, y en 11 meses de operaciones ya afectó la recarga de los mantos acuíferos, pues aplanó el terreno y no se infiltra más agua; en épocas de lluvias –señalan– el caudal que baja del cerro de Guadalupe inunda las calles aledañas, lo que antes no pasaba. Más aún, el agua potable que les llegaba se fue desviando hacia las obras en dicha planta, y ahora sufren carencias.

Marcos Manuel Loyo, padre de dos pequeños, de tres y cuatro años de edad, quienes sufren desde mediados del año pasado de enfermedades respiratorias por tanto polvo, dice que su desesperación ya es mucha y no ve final a esa situación.