a pretensión del gobierno federal de eliminar los subsidios para el gas LP, según se desprende de la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, es el más reciente componente de una ofensiva gubernamental contra la economía de la población a partir de la conducción antipopular de los costos de los energéticos.

Debe recordarse que la actual administración federal puso en marcha, desde hace años, una política de incrementos mensuales a los precios de las gasolinas que ha tenido claros efectos inflacionarios, por cuanto ha impactado alzas en los costos del transporte público, de las materias primas y de los alimentos. Por si fuera poco, la pretensión de recortar subsidios al gas LP ocurre en el momento en que esté en desarrollo, en distintos puntos del territorio nacional, un amplio movimiento de protesta por los elevados cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad por consumo de luz, y que se ha saldado con el encarcelamiento de algunos de los inconformes.

En el caso concreto del gas LP, la medida anunciada por la Secretaría de Energía afectará a 80 por ciento de la población, que es la que emplea ese combustible para sus actividades cotidianas, y no puede descartarse, por tanto, que se configure un nuevo frente de inconformidad similar al que se ha desarrollado como reacción a los incrementos en las tarifas de la electricidad. Por lo pronto, la medida ha concitado ya el rechazo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, que considera que el retiro del subsidio a ese combustible no debería ser tratado como tema solamente económico o de finanzas públicas, porque involucra el bienestar de la población, por lo cual debería tratarse con más cuidado.

Más allá de las afectaciones económicas a los bolsillos de la población y de los posibles efectos políticos de la medida, el gobierno federal carece de argumentos válidos para profundizar su política de retiro de subsidios a los energéticos: el alegato presidencial de que esos apoyos son una distorsión del mercado y que deben eliminarse para homologar los precios de los combustibles y de la electricidad con las cotizaciones internacionales es impresentable, pues no hay mayor distorsión que la combinación de tarifas inmoderadas de bienes y servicios públicos, por una parte, y los niveles de ingreso insatisfactorios por efecto de una política de contención salarial, por la otra.

Por lo que hace al argumento de que la eliminación de los subsidios al gas LP es necesario para evitar más pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex), resulta inverosímil, pues hasta el momento el grupo gobernante nada ha hecho por combatir otros componentes mucho más dañinos de la sangría de recursos que vive la paraestatal, como son la corrupción y el régimen de asfixia fiscal a que está sometida la compañía.

En un entorno de por sí afectado por las desigualdades sociales de siempre y por la postración económica derivada de la reciente crisis mundial, los incrementos a las tarifas de bienes básicos y de servicios públicos –tanto los que aún administra el Estado como los que han sido transferidos a manos privadas– constituyen un factor social conflictivo, por no decir explosivo, y a la larga suelen resultar muy costosos en términos económicos y sociales. Es necesario, por tanto, que las autoridades recapaciten y entiendan la improcedencia y el potencial contraproducente de asestar reveses adicionales a la economía popular.