Con la finalidad de obtener las órdenes de aprehensión contra cinco ex funcionarios del estado de Coahuila y dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) involucrados en la obtención ilegal de créditos para esa entidad, el Ministerio Público Federal (MPF) tuvo que negociar durante más de un mes con jueces federales, porque las acusaciones que les imputaron obran en leyes locales y la Procuraduría General de la República (PGR) corría el riesgo de que el caso fuera turnado a un juzgado local, revelaron altos mandos de la dependencia que encabeza Marisela Morales Ibáñez.

Los entrevistados confirmaron a La Jornada que a pesar de que la PGR ha continuado las investigaciones acerca de los mecanismos utilizados e involucrados en la aprobación de los créditos contratados por el gobierno de Coahuila, no ha encontrado elementos que prueben la participación del ex gobernador Humberto Moreira.

Las fuentes fueron consultadas durante la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional, organizada por la PGR y la cancillería mexicana, en la que participan representantes de 34 naciones.

Explicaron que el libramiento de las siete órdenes de captura fue considerado un triunfo por el gobierno federal, luego que la administración de Coahuila, como todas las autoridades locales, puede contratar créditos, pero el error en el llamado moreirazo fue la falsificación de documentos y que hubieran participado funcionarios de la SHCP.

Con las órdenes de aprehensión, indicaron los entrevistados, en realidad se trata de perseguir a los operadores del asunto, ya que en los expedientes no existen evidencias que involucren a Humberto Moreira, y la PGR espera obtener algún dato cuando los prófugos sean detenidos.

Uno de los funcionarios que fueron detenidos y están presos en el Reclusorio Norte de la ciudad de México es Jaime René Jiménez Flores, ex director de Deuda pública de entidades y municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. Se les acusa de participar en la falsificación de documentos que permitieron la contratación de créditos que en conjunto suman 3 mil 750 millones de pesos presuntamente obtenidos de manera irregular, uno por mil 650 millones con Bancomer y dos con Santander por mil millones y por mil 100 millones de pesos, según informó en febrero pasado el subprocurador de Delitos Federales, Irving Barrios Mójica.

Las cinco órdenes de aprehensión pendientes fueron giradas contra tres ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila: Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo; Sergio Ricardo Fuente Flores y Enrique Ledezma Sánchez, ex administrador general y ex subadministrador de Políticas Públicas, respectivamente; así como contra Miguel Ramón Rodríguez Flores, ex titular de la Tesorería General de Coahuila, y Juan Manuel Froto García, ex director general del Fondo de garantías para el impulso de la microempresa del estado.