in importarle cambios de gobiernos ni discursos triunfalistas, la impunidad sigue cabalgando por Chihuahua, quinto jinete de este Apocalipsis norteño que parece no terminar. Si no fuera por las voces, femeninas en su gran mayoría, que se yerguen en medio de la muerte, diríamos que la esperanza está siendo derrotada.
Primer tiempo. El primero de marzo se cumplieron dos años del asesinato del licenciado Ernesto Rábago Martínez, compañero de la abogada Estela Ángeles Mondragón, defensora de la comunidad rarámuri de Bakéachi, ambos integrantes de la asociación civil Bowerasa. El crimen, acompañado de un intento de asesinato a la hija de la abogada y repetidas amenazas en contra de ella, llevaba el claro propósito de disuadir la sólida defensa jurídica conducida por Estela para recuperar las tierras de los indígenas rarámuris. Propósito fracasado: la comunidad ha ganado 32 juicios agrarios en primera instancia y 17 en segunda, ha logrado la restitución de más de 10 mil hectáreas y está en vías de que se le restituyan 12 mil más. En diciembre pasado logró el encarcelamiento de uno de los caciques, por despojo, y está realizando un programa de rescate de sus suelos y de sus pastos.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han podido o de plano no han querido esclarecer el asesinato de Ernesto Rábago y las agresiones a Estela Ángeles y su hija, ni aprehender y castigar a los culpables. Peor todavía, la Procuraduría General de Justicia del gobierno anterior extravió buena parte del expediente que les entregó la licenciada Ángeles para contribuir al esclarecimiento del asesinato. Ante esto, la actual Fiscalía del Estado ha tenido que reiniciar la integración de dicho expediente... Para denunciar estos hechos un centenar de rarámuris de Bakéachi se hicieron presentes el día de ayer en Chihuahua y además celebraron una misa y la fiesta de Ernesto
frente al palacio de gobierno.
Segundo tiempo. Diez años pasaron para que Norma Ledezma viera una brizna de justicia ante la desaparición y asesinato de su hija Paloma Escobar Ledezma. Años de dolor activo, de indignación eficaz, hicieron que Norma se convirtiera en una experta en investigar la desaparición y trata de personas, en acompañar a madres adoloridas en la búsqueda y la denuncia de sus hijas ausentes. En fundar y operar organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y colaborar en la fundación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Por fin, el jueves 23, el Estado mexicano, en las personas del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador de Chihuahua, César Duarte, acató la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Paloma Escobar Ledezma. En un acto público celebrado en la ciudad de Chihuahua, el gobernador reconoció la ineficiencia y las omisiones de las autoridades que impidieron que se resolviera el caso de Paloma y abrieron la puerta para ulteriores desapariciones y asesinatos. Por su parte, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió una disculpa pública a la familia en nombre del Estado mexicano. Además, se develó un memorial en el Centro de Justicia para Mujeres que lleva el nombre de Paloma.
Logro indudable de Justicia para Nuestras Hijas, del CEDHEM. Pero el o los asesinos siguen libres. Logro simbólico que no devuelve la vida de Paloma ni de los cientos de muchachas desaparecidas y asesinadas.
Tercer tiempo. Mientras el secretario de Gobernación y el gobernador pedían perdón públicamente, en la sierra de San Agustín, cerca de Ciudad Juárez, las autoridades localizaban tres osamentas de mujeres jóvenes. Luego de practicárseles los exámenes correspondientes resultaron ser los restos de tres jovencitas: Lizbeth Avilés García, Jessica Leticia Peña García y Andrea Guerrero Venzor, desaparecidas desde 2009 y 2010, en las inmediaciones del centro de Ciudad Juárez.
Al día siguiente del hallazgo la madre de Jessica Leticia Peña García, la señora María García, decidió realizar un plantón permanente en la explanada de la Fiscalía de Justicia, velando ahí el féretro de su hija hasta que el gobernador de Chihuahua viniera a darle el pésame y reconociera la serie de omisiones y negligencias en su caso y en los demás expedientes de las jóvenes desaparecidas. La acompañaron las integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, que agrupa a más de 35 familias que comparten ese dolor, la Red Mesa de Mujeres, y varias organizaciones sociales juarenses.
La valentía y firmeza de las madres hizo que el lunes 27 por la noche el gobernador Duarte y el fiscal general accedieran a dialogar con ellas, quienes les exigieron terminar con la impunidad de Estado que permite que prácticamente cada día desaparezca una mujer en Ciudad Juárez. Denunciaron los reiterados actos de omisión y negligencia de las autoridades en la localización de mujeres desaparecidas en esta frontera. Demandaron también realizar una auditoría al Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez y que se les informe sobre los cuerpos y restos de mujeres no identificadas que se encuentran en el mismo. Insistieron en la coordinación de todos los órdenes de gobierno para que no se sume una mujer más a las cerca de 200 que han desparecido en esta frontera desde 1993.
Sólo entonces, luego de haber enfrentado con valentía la impunidad de Estado, las valientes madres y mujeres juarenses se retiraron a sepultar a sus hijas. No sus combates.
