El Consejo de Estado determinó que la fiscal general, Viviane Morales, encargada de la oficina que investiga penalmente a los ciudadanos en Colombia, deberá dejar su cargo por un problema de formas. Aunque el titular del consejo, Gustavo Gómez, dijo que se trató de una decisión netamente jurídica, analistas sostienen que detrás de la caída de la fiscal se esconden razones más allá de las jurídicas.

La decisión de 15 de los 27 magistrados del Consejo de Estado se basa en que Morales fue elegida en diciembre de 2010 con 14 votos y no con los 16 que exige el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia que, para esa ocasión, modificó esa norma, según informes de la BBC de Londres.

El trasfondo sería el enfrentamiento entre el ex presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema por la vigilancia ilegal que se hizo a jueces en su gobierno, al igual que los roces del ex mandatario con su sucesor, Juan Manuel Santos.

Incluso influyó en la caída de la juez su vida privada, pues aparentemente se reconcilió con su esposo, el ex guerrillero y asesor de paramilitares Carlos Alonso Lucio.

La columnista María Elvira Samper recuerda que la elección de Morales se produjo justo después de los roces entre Uribe y la Corte Suprema, cuyos magistrados habían sido víctimas de las interceptaciones telefónicas del ex servicio de inteligencia DAS.

El tribunal no eligió al fiscal general de las ternas que envió el entonces presidente y sólo lo hizo cuando asumió el presidente Juan Manuel Santos. Como determinó durante la víspera el fallo del Consejo de Estado, la elección del cargo se hizo apresuradamente y sin ceñirse al reglamento.

Lo que hace el Consejo de Estado es deshacer ese entuerto inicial: no se podían declarar inviables las ternas que envió (el ex presidente) Uribe a la corte y tampoco se podía modificar el reglamento para nombrar a Morales, dijo Samper a BBC Mundo.

El ex asesor uribista José Obdulio Gaviria afirmó a BBC Mundo que, en ese entonces, la corte actuó como un directorio político de oposición y se negó a nombrar de las ternas para fiscal que envió el presidente Uribe.

En medio de esa tormenta política fue que Morales inició su primer año de gestión en la Fiscalía General de la Nación, una institución con 20 mil funcionario. Los primeros casos que investigó tuvieron que ver con antiguos ministros y colaboradores de Uribe, por las escuchas telefónicas ilegales a la Corte Suprema o por la entrega irregular de subsidios agrícolas.

Más recientemente, estuvo la orden de captura del ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por la supuesta falsa desmovilización de un grupo de guerrilleros.

El uribismo denunció una venganza criminal con fines políticos en la que estarían los que definen como delincuentes perseguidos por el gobierno de Uribe y en la que la fiscalía habría participado.

Se llegó a sugerir que las acciones legales eran el campo de batalla del choque entre el uribismo y el santismo, la corriente de los seguidores del presidente Santos.

Un aspecto que complicó la posición de la fiscal Morales fue el restablecimiento de su matrimonio con Carlos Alonso Lucio, un ex guerrillero desmovilizado y asesor de los grupos de autodefensa, cuya hoja de vida es criticada con insistencia por varios analistas.

Es difícil de probar, pero no descarto que haya contribuido en el fallo el hecho de su matrimonio. Los consejeros no son ajenos a estos entornos, aseguró María Elvira Samper a BBC Mundo.

La columnista recuerda que el presidente de la Corte Suprema aseguró que si Morales hubiera informado en el proceso de su elección que había restablecido su relación con Lucio, ese argumento se habría tenido en cuenta.

El reconocimiento de su relación sirvió como munición adicional para que sus enemigos no sólo la acusaran de parcialidad política sino de permitir que un ex guerrerrillero cercano al paramilitarismo se convirtiera en el poder en la sombra de la fiscalía.