El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó este miércoles a la Secretaría de Gobernación (SG) entregar a una particular copia de la información que el gobierno del estado de Chihuahua le proporcionó para integrar el Primer Informe del Estado Mexicano (PIEM), en el que aborda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como campo algodonero.

La SG había indicado que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) reportó que la información sobre los crímenes en Juárez estaba reservada por un año.

Inconforme, la particular presentó recurso de revisión ante el Ifai argumentando que la Ley de Transparencia prohíbe reservar información en casos de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. El asunto fue turnado a la ponencia de la comisionada Sigrid Arzt.

Gobernación reiteró su respuesta y aclaró que, de acuerdo con el oficio DRJAL-1167/2011, por el cual el gobierno de Chihuahua reservó la información, la cancillería había sido la encargada de concentrar e integrar la información proporcionada por todas las dependencias involucradas en el tema, tanto del ámbito federal como estatal y municipal.

Al haberse resuelto por el Ifai un expediente en el que se conoció que la Secretaría de Relaciones Exteriores había manifestado no contar con documentos para la integración del PIEM, la ponencia solicitó a esa dependencia que se manifestara al respecto como tercero interesado. Para ello, se citó a audiencia tanto a funcionarios de la SG como de la cancillería.

Durante la reunión, Gobernación admitió que el gobierno de Chihuahua remitió específicamente a la Conavim la información y no a la cancillería; lo anterior, se acordó en una reunión del primero de diciembre de 2010.

La SG reconoció que la mayoría de los datos fueron aportados por funcionarios del gobierno de Chihuahua. Al tratarse de un tema relacionado con compromisos adquiridos por el Estado mexicano en derechos humanos, la ponencia no encontró argumento para sostener la reserva.