Los despidos injustificados en la Secretaría de Gobernación (SG) llegaron a los funcionarios de alto nivel. Ayer fue cesado el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta dependencia, Jorge Javier Ramos Negrete, aun cuando forma parte del Servicio Profesional de Carrera y tiene un historial laboral y de militancia panista de más de 20 años.

La dirección en referencia es parte fundamental de la Oficialía Mayor, donde se administran los recursos de la SG, que este año ascienden a poco más de 23 mil millones de pesos.

¿Dónde está el humanismo del PAN, partido en el que hemos militado por muchos años? ¿Cómo vamos a defender así el proyecto de Josefina (Vázquez Mota)? ¿De qué lado nos quieren?... Cometen estos atropellos para meterle mano a los recursos, denunciaron trabajadores de la dependencia.

Con una estrategia similar fueron removidos en enero de 2011 empleados y funcionarios del Archivo General de la Nación, también integrantes del Servicio Profesional de Carrera, así como varios grupos en las subsecretarías de Gobierno y de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Todos los despedidos coinciden en que los funcionarios echan mano de pretextos para acomodar en las plazas a sus incondicionales. Es el común denominador, el criterio del amiguismo.

Según los testimonios recabados por este diario, el contador Ramos fue amenazado por el oficial mayor de la SG, Ernesto González Cancino, con que si no dejaba el puesto le iba a armar un expediente en su contra.

Los inconformes temen que estén removiendo a funcionarios honestos de puestos estratégicos donde se manejan recursos, quizá para despacharse en el proceso electoral.

El hasta ayer director de Recursos Materiales y Servicios Generales interpondrá denuncia penal en la Procuraduría General de la República; una queja administrativa en la Secretaría de la Función Pública (y no en el Órgano Interno de Control, sujeto a esta dependencia, porque considera que esta instancia es subordinada y parcial al titular de Gobernación), así como una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia que ya tiene facultades para conocer de conflictos laborales.

De acuerdo con los testimonios, las prácticas de correr a trabajadores y funcionarios que resulten incómodos para los proyectos de los mandos superiores son comunes no sólo en Gobernación, sino en otras dependencias del gobierno federal, táctica que se ha reproducido –afirman– en otras instancias administrativas, de manejo de recursos humanos y financieros, como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de adquisiciones.

Los entrevistados, quienes solicitaron que no se difundieran sus nombres, reconocieron que el caso del contador Ramos no es nuevo en Bucareli.

En efecto, La Jornada ha documentado casos de despidos colectivos e individuales en los mismos términos desde 2009, es decir, ceses abruptos, bajo criterios generales como la pérdida de confianza, que se concretan con diversos modos de violencia verbal, e incluso con el apoyo de la fuerza policial, como se ha asentado en diversas demandas que hasta el momento no han merecido respuesta ni de la Presidencia de la República ni del ahora titular de la SG, Alejandro Poiré Romero.