El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias señaló que el arresto de Israel Arzate Meléndez, quien lleva dos años en prisión acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, fue injustificado e irregular, por lo que exigió su inmediata liberación y el inicio de una indagatoria exhaustiva sobre el proceso judicial que lo llevó a la cárcel.

En su opinión 67/2011, dicho organismo subrayó que la confesión mediante la cual Arzate se autoinculpó de haber participado en la matanza, ocurrida el 31 de enero de 2010, fue obtenida bajo tortura en instalaciones militares, por lo que no tendría validez alguna, señalaron ayer integrantes de colectivos de derechos humanos que retomaron las conclusiones de Naciones Unidas.

Uno de los aspectos más graves de este caso es el hecho de que la juez de garantías Anabel Chumacero Corral nunca tomó en cuenta las denuncias de tortura que presentó el inculpado, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo constar en su recomendación 49/2011 que los resultados del Protocolo de Estambul fueron positivos con Arzate.

Numerosas irregularidades

Entre las irregularidades se encuentra también que los militares afirmaron que el joven de 26 años fue aprehendido en flagrancia el 4 de febrero de 2010, cuando el grupo de trabajo hizo constar que la detención fue en realidad el 3 de febrero en la vía pública.

Además, el fiscal solicitó retirar el cargo de posesión de vehículo robado por falta de pruebas, lo que implicaba sobreseer el proceso penal, pero luego se retractó y siguió adelante con la acusación, lo cual se explica porque sólo así las autoridades podían cubrir la detención con una cierta apariencia de legalidad formal, señaló el organismo de la ONU.

Por ello, y a un año de que venciera el periodo de cárcel preventiva, el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) se hicieron eco de la exigencia del grupo de trabajo en el sentido de que Israel Arzate sea liberado de inmediato, y se investiguen los actos de tortura en su contra. La Procuraduría General de la República puede retirar la acusación en cualquier momento, porque todavía no hay juicio ni sentencia. Este es el momento para que la fiscalía se desista; tienen la oportunidad de admitir que carecen de pruebas y se equivocaron, señaló Jacqueline Sáenz, abogada del Prodh.